Trabajadoras sexuales mayores de 55 años operan en las calles de Cochabamba sin acceso a jubilación, salud ni protección laboral. Desplazadas de locales cerrados por su edad, aceptan servicios sin preservativo y cobran tarifas cada vez menores. En Bolivia no existen registros oficiales de esta población ni políticas específicas para atenderla. Solo hay un albergue para este grupo en el mundo, está en México y funciona desde 2006.
Fabricio Lobaton
En 1812, en la colina de San Sebastián, un grupo de mujeres del pueblo peleó con piedras y machetes contra el ejército realista. Vendedoras del mercado, lavanderas, madres. Las lideró Manuela Gandarillas, una mujer mayor que había perdido la vista y era bastante conocida por su coraje. Murieron todas. El general Belgrano ordenó que en cada lista militar se preguntara si estaban presentes las mujeres de Cochabamba. La respuesta debía ser que habían muerto todas por la patria en el campo del honor.
Doscientos catorce años después, mismo lugar. Lo que en 1812 era una colina a las afueras de Cochabamba, hoy es el centro de la ciudad. La plazuela San Sebastián tiene ahora una fuente, bancas recién pintadas, el monumento a las Heroínas de la Coronilla erigido en 1926. A metros de ese monumento, una mujer de setenta años espera sentada en el borde de la fuente. Pelo teñido de negro, pantalón jean, blusa rosa. Al frente, la cárcel. A la derecha, un puesto de las típicas salteñas cochabambinas. A la izquierda, nada. La plazuela fue remozada en 2014. Los cleferos fueron desalojados en 2022. Ahora está limpia, vacía. Quedan ellas.
El gobierno fijó en diciembre de 2025 el salario mínimo en 3,300 bolivianos mensuales (unos 364 dólares al tipo de cambio paralelo, el que rige en la práctica). El 80% de los trabajadores está en la informalidad. Ellas sacan, incluso en buenos días, treinta por servicio.
La mujer dice que cría a su nieta de nueve años, que no tiene mamá. «Mi wawa está en la escuela. Por eso sigo trabajando, porque esta vida ya la hubiera dejado hace tiempo».
En Bolivia hay 23,965 personas registradas como trabajadoras sexuales, según la Defensoría del Pueblo. Pero es probable que se trate de un subregistro. Lily Cortez, de la Organización de Trans y Trabajadoras Sexuales de Bolivia, estima que la cifra real supera las 50,000. En Cochabamba, según el estudio de Bevilacqua y Costa (2020), hay 12,620 trabajadoras sexuales registradas. De ellas, las de tercera edad —55 años en adelante— son las más invisibles. No hay cifras oficiales sobre este grupo específico, mucho menos acceso a jubilación.
Fiti Lino es presidenta de WARMI, organización que agrupa a trabajadoras sexuales en Cochabamba y debe su nombre a la palabra ‘mujer’, en quechua. Dice que hay mujeres que tienen hasta 70 años y siguen ejerciendo el trabajo sexual. Son las más desprotegidas. Trabajan en la calle porque en los locales cerrados no les dan trabajo. Demasiado viejas. Entonces están en sol, en lluvia, en frío.
Antes era setenta bolivianos, cuenta una de las trabajadoras. Pero la economía está mal. Los hombres no tienen dinero. Ahora son cincuenta. De esos cincuenta, veinte se van al cuarto. Un alojamiento cerca de la plazuela. Cama, nada más. «Ellas llevan una botella de agua para el aseo», explica Fiti. Quedan treinta.
A veces hay dos o tres clientes al día. A veces ninguno. El cuerpo ya no es el mismo. La demanda baja.
La discriminación es diaria. «Pasan por aquí, ‘estas viejas putas, estas viejas asquerosas’, así nos tratan. Todos los días, de los autos, así nos gritan», cuenta una trabajadora que prefiere no identificarse.
Además de los insultos están los cleferos que asaltan, los maleantes, los policías. Fiti ha encontrado trabajadoras de tercera edad con problemas de visión graves. Sin lentes, sin atención médica. Ahí, esperando clientes que apenas distinguen.
«Nosotros aquí estamos expuestas al SIDA. ¿Sabe por qué? Porque los hombres quieren algo natural (sin preservativo) y somos mayores, no estamos para rechazar», dice una trabajadora que prefiere no identificarse.
Fiti ha conocido doce casos de VIH entre trabajadoras mayores de 60 en los últimos tres años. Ninguna recibe tratamiento. Las trabajadoras de tercera edad, desplazadas de los locales, con menos clientes, aceptan condiciones que ponen en riesgo su vida. No porque quieran, porque no tienen opción.
El acceso a la salud es casi nulo. Fiti enumera lo que falta: buena alimentación, calcio, lentes, vitaminas. A partir de los 60 años te duele todo: la cadera, las rodillas, todo; peor si no hay buena alimentación.
Kelly era, dicen sus compañeras, ‘una muchacha’. Primero trabajó en los boliches de Cochabamba. Después fue a la calle. Le diagnosticaron cáncer de pecho. Otra trabajadora que prefiere no identificarse recuerda: «No había AIDA (organización de ayuda) o UNITEL (canal de televisión que a veces hace campañas solidarias), no había quien le ayudara. Nosotras las compañeras lo que podíamos le ayudábamos. No había medicamento, no había nada. Así con sus dolores, con sus gritos de dolor, murió mi compañera».
Kelly murió sin atención médica. Sus compañeras juntaron lo que pudieron, pero no alcanzó.
La trabajadora que la recuerda —y que prefiere no identificarse— tiene su propia historia. Tenía 29 años cuando su marido se fue. Tres hijos, sin manutención. Alguien le dijo que iba a hacer dinero en el trabajo sexual y fue. Se atrasó con el alquiler, la dueña puso candado a la puerta y durmió en la plazuela San Sebastián, la misma donde ahora espera clientes.
Otra mujer intentó trabajar de empleada pero el problema era el tiempo: tenía que esperar al mes para que le pagaran. Mientras tanto, tenía hambre y dos hijos que mantener. El trabajo sexual era la única forma de conseguir dinero inmediato.
El estudio de Bevilacqua y Costa de 2020, con 433 trabajadoras sexuales en Cochabamba, arroja datos donde el 70 % tiene al menos un hijo. El 65,8 % son las únicas responsables económicas. El 85 % no tiene pareja estable.
El estudio concluye que estas mujeres enfrentan alta carga familiar y barreras para conseguir empleo formal que les permita subsistir y mantener a sus hijos. Son consecuencias, explica, de la feminización de la pobreza —fenómeno donde las mujeres sufren pobreza de manera diferenciada y desproporcionada por la distribución del trabajo, que las posiciona en peores condiciones materiales—, el machismo, el sistema patriarcal y la ausencia del Estado.
Chantal Cuéllar es coordinadora nacional del Movimiento Trans Feminista de Bolivia. Dice que a nivel nacional no existe ninguna ley que reconozca el trabajo sexual. Solo la Ley 3729 de VIH-SIDA (2007) los menciona para controles epidemiológicos. Algunos municipios como La Paz aprobaron ordenanzas locales en 2018, pero a nivel nacional no hay regulación laboral, no hay contratos, no hay aportes a la AFP, no hay vacaciones, no hay licencia por enfermedad.
El gobierno da la Renta Dignidad, que corresponde a 350 bolivianos (unos 39 dólares al tipo de cambio paralelo) mensuales a adultos mayores. Una de ellas lo dice así: «Yo no tengo carnet. Nunca me saqué. ¿Cómo voy a cobrar el bono?»
WARMI nació en enero de 2021, en plena pandemia. Hoy ellas lo administran junto con otras dos organizaciones —la Organización de Trabajadoras Nocturnas (OTN) y Mujeres Trabajadoras Sexuales Independientes (MTS)— la Casa Comunitaria de la Amistad, inaugurada en junio de 2022 en el centro de Cochabamba. Ahí funciona una guardería, se sirve almuerzo diario, hay atención psicológica una vez por semana y dos habitaciones para emergencias. El financiamiento cubre 25 almuerzos diarios que deben rendir para 70 personas. Dividen platillos, agregan ingredientes más baratos, cobran cinco o seis bolivianos cuando no alcanza. Hay días que solo hay arroz.
Ha intentado conseguir canastas básicas de empresas, fábricas, farmacias. Nada. Sin financiamiento local, WARMI depende de proyectos internacionales esporádicos e insuficientes. «Nunca nadie ha tomado en cuenta este sector de personas de la tercera edad», dice Fiti. Y enfatiza: «nunca se acordaron».
Un refugio en Ciudad de México
En 2005, en Ciudad de México, trabajadoras sexuales adultas mayores dormían en las calles de La Merced. Carmen Muñoz, ex trabajadora sexual, las encontró y buscó ayuda. Tres figuras clave del feminismo mexicano respondieron: la antropóloga Martha Lamas, referente de los derechos de las mujeres en México; la escritora Elena Poniatowska, Premio Cervantes y autora de La noche de Tlatelolco; y la actriz y activista Jesusa Rodríguez. Juntas llevaron el caso a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. En 2006 autorizó el préstamo de un inmueble.
Nació así Casa Xochiquetzal. El único albergue en el mundo para trabajadoras sexuales adultas mayores. Xochiquetzal era la diosa mexica del amor, el placer y la belleza.
Jesica Vargas González, directora de Casa Xochiquetzal, explica que en casi 20 años de operación el albergue ha brindado servicios a cientos de trabajadoras sexuales adultas mayores. Actualmente hay entre 20 y 24 residentes, cuyas edades están entre los 56 y 87 años. La capacidad es para 60, pero el financiamiento solo alcanza para un tercio.
Los servicios incluyen vivienda permanente, tres comidas diarias, atención médica mensual, atención psicológica, asesoría jurídica, asistencia funeraria, talleres de artesanía, educación primaria y secundaria para adultos.
Las residentes pueden salir durante el día, visitar a familiares, hacer compras. Algunas todavía trabajan ocasionalmente en el sexo servicio si así lo desean. A diferencia de otros albergues, nadie las obliga a quedarse ni controla sus movimientos. Van y vienen cuando quieren.
Jesica, que llegó como voluntaria en 2008, nos cuenta que la mayoría de las mujeres en Casa Xochiquetzal son rechazadas por sus hijos. «Ellas les dieron una formación, muchos son profesionistas, tienen buen estatus económico gracias a ellas, pero una vez que se enteraron de que eran trabajadoras sexuales, las relegaron y se olvidaron de ellas».
El financiamiento es precario —convenio anual con el DIF, donativos privados— y hubo períodos donde el personal pasó casi un año sin cobrar. Mientras, Jesica vendía postres para pagar sus pasajes; pero la casa sigue en pie.
Las propuestas desde Bolivia
Fiti tiene clara la propuesta principal: jubilación. «Si tuvieran una jubilación, tuvieran esa platita cada mes, ya no estarían sufriendo ahí. Imagínate que a veces van a trabajar solamente por conseguir para el plato de comida. Y hay veces que hay, a veces que no hay».
También menciona la alternativa de una casa de acogida. Un lugar donde puedan descansar. Donde tengan buena alimentación, atención médica. Donde no tengan que estar desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche sentadas en la calle… esperando.
Chantal Cuéllar, desde el Movimiento Trans Feminista, propone trabajar en la regulación laboral. Incluir un artículo en la Ley General del Trabajo que reconozca formalmente el trabajo sexual. Con eso vendrían los contratos, los aportes a la AFP, la jubilación.
Reconoce la dificultad que representa el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, presidente electo del Partido Demócrata Cristiano que asumió el poder en noviembre de 2025, tras casi 20 años de gobiernos de izquierda. Paz, que juró su cargo ante la Biblia con las palabras «Dios, patria y familia», marca un giro conservador en Bolivia. «Son más conservadores, vienen de un ala cristiana», explica Chantal. En ese contexto, avanzar en el reconocimiento legal del trabajo sexual se vuelve más difícil. Pero el trabajo continúa.
En la plazuela San Sebastián, Fiti visita a las trabajadoras cada semana. Les lleva información sobre sus derechos. Les consigue turnos médicos cuando puede. Registra sus nombres, sus necesidades.
El 27 de mayo, Bolivia celebra el Día de la Madre. En la plazuela San Sebastián se depositan flores en el monumento a las Heroínas de la Coronilla. Se pronuncian discursos sobre el valor y el sacrificio. Esa misma tarde, a pocos metros, las trabajadoras sexuales de tercera edad, siguen allí: en el rebusque.
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Este contenido fue elaborado en el marco del proceso de capacitación y mentoría “Narrativas Diversas 2.0”, orientado a promover la igualdad de género y la inclusión a través del periodismo constructivo, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en articulación con la DW Akademie y en el contexto del proyecto ProIgualdad.
