Alejandra Góngora Valdivia
https://archive.ph/5YeNZ, https://archive.ph/sEaZQ, 2025.
El laboratorio social boliviano
El período comprendido entre octubre y noviembre de 2025 constituye un experimento sociopolítico decisivo en la historia contemporánea de Bolivia. La derrota electoral de la derecha tradicional en los comicios del 19 de octubre desató inmediatamente un torrente de comentarios racistas en redes sociales y círculos privados, fenómeno que, trascendiendo cualquier delimitación regional, evidenció la profundidad de una herida nacional nunca completamente cerrada.
La posterior reconfiguración de este discurso, a raíz de las primeras acciones del gobierno de Rodrigo Paz —el viaje a Estados Unidos, las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el veto diplomático a países del ALBA— ofrece una lección magistral sobre la verdadera naturaleza del racismo estructural. Lejos de constituir un odio estático o un mero residuo arcaico, éste se revela como un prejuicio estratégico, cuyas manifestaciones se modulan tácticamente en función de intereses de clase y señales geopolíticas.
La metamorfosis del coro de indignación racista hacia un silencio cómplice o un cálculo justificativo no representa un arrepentimiento genuino, sino la puesta en práctica de un racismo condicional que subordina el desprecio étnico a la preservación fundamental del privilegio económico.
I. La geografía moral del voto y la reacción nacional transversal
https://datosbolivia.github.io/elecciones2025/.
Consultado el: 5 de noviembre de 2025.
Recuperado de: https://asuntoscentrales.com/ (captura archivada el 5 de noviembre de
2025).
El análisis de los resultados electorales revela una distribución geopolítica predecible: el voto por Paz y Lara se concentró predominantemente en el occidente y los valles, mientras el apoyo a Quiroga encontró su fortaleza en el oriente. Sin embargo, la reacción racista posterior demostró una notable capacidad para trascender fronteras departamentales.
Emergió con particular virulencia desde los bastiones urbanos de la llamada «Media Luna», pero también se manifestó con fuerza desde enclaves de clase media y alta en La Paz o Cochabamba, demostrando que el colonialismo interno, concepto que Silvia Rivera Cusicanqui ha desarrollado extensamente, no representa un mero conflicto interregional, sino un patrón de poder estructural que organiza jerarquías raciales a lo largo de todo el territorio nacional.
La victoria electoral del proyecto que logró capitalizar el voto popular-indígena fue interpretada por un sector «blanco-mestizo» aspiracionista como una afrenta directa a un orden naturalizado de poder. El grito «que vuelva el racismo» constituyó, en este contexto, la expresión de un pánico moral transversal: el temor visceral a que el votante racializado hubiera quebrado definitivamente el cordón sanitario que tradicionalmente contenía su influencia dentro de los límites de lo subalterno.
Esta reacción encuentra su correlato simbólico en gestos como el retorno de símbolos religiosos cristianos a espacios legislativos, que, aunque Bolivia se constituye como Estado laico, opera como un significante de ese orden «natural» que se busca restaurar, excluyendo simbólicamente las espiritualidades indígenas que durante tanto tiempo fueron marginadas del espacio público. Este acto, aparentemente protocolario, revela la profundidad del proyecto restaurador: no se trata solo de gobernar, sino de re-evangelizar simbólicamente la esfera pública, reafirmando los códigos culturales de la dominación tradicional.
II. El «mestizaje» como proyecto aspiraccionista y la economía moral del desprecio
La virulencia inicial del discurso racista y su posterior atenuación resultan particularmente visibles en aquellos sectores aspiracionistas —las clases medias profesionales urbanas— para quienes el «mestizaje» opera no como una realidad biológica, sino como un proyecto activo de blanqueamiento y distinción social.
Como analizara Rivera Cusicanqui en «Violencias (Re)Encubiertas en Bolivia», el «mestizo» en la formación social boliviana ha funcionado históricamente como el guardián interno del orden colonial, aquel sujeto que debe negar constantemente al «otro» racializado —y al «indio» dentro de sí mismo— para acceder a los peldaños del ascenso social.
Para estos sectores, la confirmación del alineamiento con el capital global por parte del nuevo gobierno actúa como un bálsamo que calma su ansiedad racial. Las fotografías protocolares con autoridades del FMI, el distanciamiento estratégico de los países del ALBA y el giro hacia Washington constituyen señales inequívocas que operan en el registro simbólico.
Paradójicamente, el origen electoral de Paz deviene secundario; lo fundamental reside en que sus acciones de gobierno validan su aspiración más profunda: que Bolivia se reinserte en el «mundo civilizado» —entendido como occidental y blanco— del cual se sienten parte cultural. Se establece así un pacto fáustico donde se intercambia la crítica al origen del voto ganador por la promesa de un futuro «blanqueado» para el país.
III. La supremacía educacional y el mito de la agencia robada
El discurso que permea redes sociales y conversaciones privadas, sugiriendo que el gobierno «engaña a la gente del campo» o que los votantes rurales carecen de capacidad deliberativa, representa la versión contemporánea y tecnificada de lo que podríamos denominar supremacía educacional.
Bajo este precepto, profundamente arraigado en la matriz colonial, el votante rural e indígena es sistemáticamente despojado de su agencia política y reducido a la condición de un ser crédulo, emocional y fácilmente manipulable. Su decisión electoral no es concebida como fruto de una deliberación interesada o de racionalidad política, sino como producto de una lealtad tribal primitiva o de la eficacia de un clientelismo elemental.
Esta narrativa opera como un mecanismo de distinción fundamental en los términos que Pierre Bourdieu describiera para las sociedades de clase. Sin embargo, en el contexto boliviano, el mecanismo adquiere una especificidad particular: se racializa de manera explícita, transformando el acceso desigual a la educación formal —que funciona como instrumento de reproducción social— en el único criterio legítimo para ejercer una ciudadanía plena y racional.
Así se construye y naturaliza un relato binario donde el voto popular es sistemáticamente caracterizado como «irracional», mientras el voto urbano de clase media es investido de cualidades como «informado» y «consciente».
La frase recurrente «ellos ya eligieron a sus gobernantes», utilizada de manera cínica para justificar el desentendimiento frente a las urgencias sociales de estas mayorías, representa la culminación de esta violencia simbólica. Constituye un castigo colectivo por haber «votado mal», por haberse atrevido a decidir un rumbo nacional que desafía el lugar subalterno que, desde esta lógica de supremacía, se les tenía históricamente asignado.
Se les niega así no solo el derecho a ganar electoralmente, sino también el derecho a sufrir las consecuencias de su voto sin el desdén aristocrático de quienes se autoerigen como sus tutores naturales.
IV. La democracia instrumental y la tolerancia cínica del poder
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La rápida transición desde la acusación generalizada de «fraude» hacia una tolerancia cautelosa —cuando no un apoyo explícito— respecto al gobierno de Paz, constituye la prueba empírica más contundente de un compromiso no con la democracia sustantiva, sino con lo que podríamos caracterizar como una democracia instrumental y de resultados.
Para estos sectores, la democracia representa un valor en la medida —y solo en la medida— en que produce resultados políticos que ratifican su mundo vital y su lugar privilegiado dentro del orden social.
La posibilidad concreta de un gobierno que, simbólicamente, emanara de la Bolivia indígena y popular y que además aplicara políticas económicas en consonancia con ese origen, representaba la encarnación misma de su pesadilla política. Sin embargo, un gobierno que, independientemente de su origen electoral, aplica con notable celeridad una agenda de realineamiento geopolítico hacia Washington y de ajuste económico neoliberal, se transforma de repente en algo no solo tolerable, sino incluso deseable.
El «tal vez me equivoqué» que ahora circula en sus redes no constituye una rectificación ética ni un acto de autocrítica; es, ante todo, un cálculo de rentabilidad política. El fin estratégico —un gobierno que desmonta activamente el legado «masista» y reorienta la economía según los designios del capital global— justifica los medios, e incluso perdona el «pecado original» de haber sido votado por los sectores «incorrectos».
Este cinismo revelador nos permite visualizar la verdadera naturaleza del racismo estructural: no como un sistema rígido, sino como una formación lo suficientemente flexible, pragmática y adaptativa como para suspender temporalmente sus expresiones más crudas y emocionales, siempre que el poder de turno, en los hechos concretos de su gestión, reproduzca, fortalezca y perpetúe la jerarquía racial y económica existente.
El racismo, en última instancia, demuestra ser compatible con cualquier forma de gobierno —incluso una democrática— siempre que ésta garantice la supremacía de su mundo vital.
V. El giro geopolítico: Palestina, la DEA y la coherencia del proyecto colonial
El potencial restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel tras la ruptura ejecutada en octubre de 2023 —en respuesta a la ofensiva militar en Gaza— actúa como un revelador químico de primer orden respecto al proyecto político en curso. No se trata de una mera decisión de política exterior entre otras; representa un símbolo de alta densidad que condensa de manera ejemplar el imaginario del nuevo alineamiento geopolítico.
Restablecer lazos con un Estado ilegítimo repetidamente acusado de prácticas de apartheid por reconocidas organizaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que se ejecuta un veto diplomático a Cuba, Venezuela y Nicaragua, trasciende por completo el ámbito de la neutralidad técnica. Constituye una toma de partido explícita en la guerra simbólica por la definición de «civilización».
Para los sectores «blanco-mestizos» aspiraccionistas, Israel encarna valores esenciales como la «modernidad», la «tecnología» y la «fortaleza occidental» asediada en un mar de «barbarie». Apoyarlo, aunque sea tácitamente, equivale a reafirmar la pertenencia tan anhelada a ese mundo.
Este movimiento geopolítico desnuda una contradicción fundante del proyecto en curso. Mientras se justifica el giro neoliberal en aras de un «futuro próspero» y «modernizador», se establece una alianza estratégica con un Estado cuya política hacia el pueblo palestino es estudiada como un ejemplo contemporáneo de colonialismo de settlers y segregación racial.
La misma lógica que desprecia al «otro» interno por considerarlo un obstáculo arcaico para el progreso, ahora mira con palpable complicidad al proyecto político que busca erradicar al «nativo» palestino de su tierra. El desprecio racial, aparentemente suspendido a nivel doméstico por pura conveniencia táctica, encuentra así una válvula de escape y una proyección coherente a escala global.
El retorno de la DEA
Esta lógica colonial encuentra su correlato doméstico inmediato en las negociaciones para el posible retorno de la DEA al territorio boliviano, una agencia federal cuyo historial en el país está indisolublemente manchado por operaciones encubiertas de inteligencia, procesos de militarización foránea y una «guerra contra las drogas» que se libró de manera selectiva y brutal contra el campesinado cocalero.
Que este tema sea mencionado con aprobación por los mismos círculos que propagaron consignas racistas postelectorales revela el sustrato común de lo que podríamos denominar externalización de la soberanía.
Para este proyecto político, resulta legítimo ceder cuotas significativas de control territorial a una agencia extranjera —cuya sola mención evoca un legado de violencias pasadas— con tal de obtener el preciado certificado de «país confiable» para los flujos del capital global. El «orden» que se anhela no es un orden social construido desde abajo, sino un control securitizado y externalizado que garantice las condiciones óptimas para la inversión, incluso si ello implica revivir los fantasmas de una intervención que históricamente criminalizó a los mismos sectores populares que hoy son abiertamente despreciados por su conducta electoral.
La complicidad aspiraccionista y los límites de la democracia racial
La posesión del nuevo gabinete ministerial el 9 de noviembre, integrado por técnicos afines al credo del FMI y figuras del establishment tradicional, representó la consagración definitiva de este pacto fáustico. La tríada compuesta por el Fondo Monetario Internacional, el alineamiento incondicional con potencias de historial colonial y la agenda de seguridad militarizada neoliberal con la DEA como estandarte, cerró el círculo de un proyecto de país que sacrifica la soberanía nacional en el altar de la aceptación global.
El silencio cómplice, la justificación temprana o el apoyo directo que los sectores «blanco-mestizos» aspiracioncitas otorgan a este gobierno no constituye, en modo alguno, un signo de madurez política o reconciliación nacional. Es la evidencia palpable de una complicidad estructural basada en un interés de clase profundamente racializado.
Perdonan el «origen» simbólico del gobierno y la procedencia racial de su base electoral a cambio de que éste garantice su «destino» de privilegio dentro de un país radicalmente realineado con los centros de poder global, incluso si ese camino implica reavivar deliberadamente las peores pesadillas del intervencionismo y la subordinación neocolonial.
El desafío crítico
La batalla contra el racismo en la Bolivia contemporánea ya no se libra exclusivamente en el frente más visible del insulto explícito y la discriminación directa. Se libra, de manera mucho más sutil y acaso más peligrosa, en el terreno de esta tolerancia hipócrita y condicional que celebra las señales de «modernidad» neoliberal y las alianzas con potencias de historial colonial, incluso cuando estas alianzas consolidan un orden que:
- Margina estructuralmente a las mayorías históricas
- Legitima la opresión de pueblos hermanos en el escenario global
- Negocia piezas esenciales de la soberanía nacional a cambio de un lugar subordinado en el orden global
Desenmascarar esta complicidad flexible con el poder global, este racismo que se viste de realpolitik y sentido común económico, representa la tarea urgente e ineludible de una crítica social verdaderamente descolonizadora.
La herida colonial, nos enseña este episodio, no cicatriza con cinismo; solo se profundiza, enquistada bajo la piel engañosa de una normalidad aparente.
