Lesa humanidad: primer juicio en la historia del Ecuador

Crónica escrita por Mayra Caiza y Rommel Aquieta (Ecuador), prólogo por Casa de Nadie

La sombra del Plan Cóndor se extiende como una herida abierta en la memoria colectiva de América Latina. Entre 1975 y 1981, las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tejieron una red de terror sin fronteras, coordinando operaciones de inteligencia que resultaron en la desaparición, tortura y asesinato de cientos de militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y disidentes. Bolivia no fue ajena a esta maquinaria represiva: bajo la dictadura de Hugo Bánzer, que se sumó al Plan Cóndor en 1975, el país estableció campos de concentración en Midadi Viacha, Achocalla, la isla del Coatí y decenas de casas de seguridad, donde funcionarios argentinos participaban en interrogatorios a través de agentes bolivianos, coordinados mediante un sofisticado sistema de comunicaciones que enlazaba a todos los países del operativo.

Aunque el Plan Cóndor oficialmente concluyó a inicios de los años 80 con el retorno de gobiernos democráticos en la región, las prácticas de terrorismo de Estado no desaparecieron. Los métodos de represión —ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura sistemática, violencia sexual— permanecieron como herramientas contra la disidencia política, ahora ejecutados por fuerzas de seguridad bajo gobiernos formalmente democráticos. La Doctrina de Seguridad Nacional y el concepto de «enemigo interno», inspirados en el contexto de la Guerra Fría, continuaron justificando la eliminación de opositores políticos en nombre de la defensa del Estado. En 2016, por primera vez el Poder Judicial de un país dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas más allá de las fronteras, demostrando los alcances del Plan en su total magnitud y sentando precedentes para la justicia en toda la región.

La crónica que presentamos documenta el primer caso judicializado por presuntos crímenes de lesa humanidad en Ecuador: hechos ocurridos en 1985 durante el gobierno del presidente socialcristiano León Febres Cordero, cuando tres militantes de Alfaro Vive Carajo fueron detenidos ilegalmente, torturados y uno de ellos desaparecido durante casi tres años. Este proceso demoró cuarenta años en llegar a juicio. Agradecemos profundamente a Mayra Caiza y Rommel Aquieta por permitirnos replicar este reportaje de gran valor periodístico y humano, que no solo ilumina un capítulo oscuro de la historia ecuatoriana, sino que resuena con las luchas por verdad y justicia que aún enfrentan nuestros pueblos boliviano y latinoamericano frente a los crímenes del pasado y las nuevas formas de represión estatal.

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“Durante mucho tiempo quise olvidar. No lo he contado porque me provoca dolor. Hay recuerdos terribles que quedan en la sangre, en la piel”. Quien habla es Susana Valeria Cajas Lara, ex militante del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), detenida sin orden judicial por fuerzas militares, el 10 de noviembre de 1985, junto a dos de sus compañeros, Luis Alberto Vaca Jácome (+) y Francisco Javier Jarrín Sánchez, en la provincia de Esmeraldas al noroeste de Ecuador. Los tres son los protagonistas de esta historia y del primer caso judicializado por presuntos crímenes de lesa humanidad en Ecuador, que incluye los delitos de violencia sexual, tortura, detención ilegal y desaparición forzada.

Detenidos ilegalmente, los miembros de AVC fueron llevados al Batallón de la Escuela de Ingenieros “Montúfar” en Esmeraldas para ser interrogados y luego trasladados al Batallón de Inteligencia Militar de Conocoto en la ciudad de Quito (AEIM). Ahí fueron sometidos a nuevos interrogatorios violentos, que incluyeron tortura física, psicológica y sexual. Susana Cajas y Francisco Jarrín fueron liberados a los quince días, pero Luis Vaca no. Permaneció bajo custodia de inteligencia militar en el mismo lugar durante casi tres años.

Cuarenta años después de estos hechos, el caso llega a juicio la mañana del miércoles 5 de noviembre de 2025 en contra de seis jefes militares y altos mandos del gobierno del expresidente socialcristiano León Febres Cordero (1984-1988).

En la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, hay mucho movimiento. Varios equipos de comunicación alistan sus cámaras fotográficas y de video, mientras se acomodan las últimas sillas y mesas, se prueban micrófonos y se ubican vasos y botellas de agua.  Funcionarios judiciales y abogados ordenan papeles y revisan apuntes. Amigos, familiares y personas interesadas llenan los lugares destinados para el público en general.

Todo parece estar listo para la audiencia de juicio por el presunto delito de lesa humanidad en contra de Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa; Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de inteligencia del Ejército; Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM); Mario Ricardo Apolo Williams, excomandante del AEIM; Nelson Bolívar Enríquez Gómez, ex comandante de la Unidad Especial de Contrainteligencia Quito (CIQ); y Fernando Ignacio Ron Villamarín, ex-oficial y médico del AEIM.

Juicio tardío

Esa mañana, un grupo de policías se ubica en distintos puntos de la sala que ocupa todo el piso ocho de la Corte. Dicen a todos los asistentes que deben guardar silencio. “Grabar o tomar fotos durante la audiencia está terminantemente prohibido”, espetan.

La sala huele a perfume de barbería, un aroma clásico con toques de lavanda y menta que lo inunda todo. Militares en servicio pasivo ocupan la mayoría de sillas. Ninguno lleva uniforme, pero sus saludos y las escarapelas metálicas relucientes en las solapas de sus chaquetas permiten identificar a qué rama de las Fuerzas Armadas, brigada o unidad alguna vez pertenecieron.

El juez ponente Javier de la Cadena intenta instalar la audiencia. Hay fallas en los micrófonos apenas escuchamos al juez y a los abogados. Tras resolver parcialmente los inconvenientes de audio, lo primero que se oye con claridad es una solicitud para diferir la audiencia nuevamente. El pedido lo hace la defensa técnica de Luis Eduardo Piñeiros Rivera, ex ministro de Defensa (1984-1986), solicitando que se realicen dos pericias: una neurológica y otra psicológica para evaluar la capacidad de comparecer de su cliente. El abogado del exministro dice que Piñeiros padece demencia. “No sabe quién es”.

El 09 de noviembre de 2015, fue la última vez que se intentó instalar esta audiencia. En aquella ocasión la Fiscalía contaba con 69 testigos, 11 pruebas periciales y más de 70 pruebas documentales para avalar la teoría del caso. Sin embargo, la jueza de ese momento, Sylvia Sánchez decidió no instalar la audiencia tras la presentación de un certificado médico, con el que la defensa de Mario Apolo afirmó que su cliente tenía problemas de salud.

Diez años después, hay un nuevo pedido de diferimiento.  Las defensas técnicas de cuatro de los seis acusados se suman a la petición. Las otras dos, junto a Fiscalía y el abogado de las víctimas solicitan al Tribunal de la Sala Especialidad de lo Penal continuar con la audiencia de juicio. Los jueces se retiran a deliberar sobre la continuidad o postergación de la audiencia una vez más.

El público, los equipos de defensa, las víctimas y los acusados se quedan en la sala esperando la decisión. Muchos caminan y se dispersan en el lugar, algunos van al baño, otros aprovechan para saludar:

―Mi coronel, buenos días.

―Aquí estamos mi general.

Las voces y los saludos son graves y ásperos. Las manos se estrechan y los abrazos no faltan. Hay incertidumbre en la sala.

Llegan más exmilitares a la audiencia, mientras en los pasillos se escuchan murmullos:

―Otra vez repasar lo que uno tiene que decir― dice uno de los acusados a cuatro exmilitares, que llegaron acompañarlo.

Tras casi una hora de deliberación, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal conformado por los jueces Javier de la Cadena Correa, Manuel Cabrera Esquivel y Katty Muñoz Vaca regresa a la sala de audiencia. Todos vuelven a sus lugares y esperan atentos la decisión. El pedido de la defensa de Piñeiros es negado.

La audiencia inicia con el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón Argudo, que expone su teoría del caso describiendo el contexto socio político de los años 80. Explica cómo una estructura especializada de inteligencia y combate al enemigo interno ejecutó ataques contra la disidencia política en el país a través de una cadena de mando vertical, que se configuró desde el más alto nivel político, incluyendo mandos superiores, intermedios y ejecutores.

Alarcón habla de violencia, tortura, abusos y desaparición forzada. Identifica tiempos, ubicaciones y responsabilidades. Detalla cómo funcionaba la administración médica de pentotal sódico conocido como el “suero de la verdad” dentro de los interrogatorios bajo tortura, método para quebrar la resistencia de los interrogados. Estos hechos fueron “ejecutados en la clandestinidad” y representan “múltiples violaciones a los derechos humanos”, confirma el fiscal ante la Sala.

Habla de la detención violenta, ilegal, arbitraria y clandestina; de la violación de derechos, centros de detención y tortura. Los jueces lo escuchan, entre los asistentes el agotamiento y la falta de interés y atención se nota.

“El olvido está lleno de memoria”, cita Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas, para iniciar su intervención en la audiencia. “Este es un juicio tardío, pero finalmente está presente. Es un hito en la historia judicial del Ecuador” porque judicializa una situación sumamente grave donde un gobierno democrático actuó como “las dictaduras militares que combatían al que pensaba diferente”.

Habla de la detención violenta, ilegal, arbitraria y clandestina; de la violación de derechos, centros de detención y tortura. Los jueces lo escuchan, entre los asistentes el agotamiento y la falta de interés y atención se nota. Algunos exmilitares se quedan dormidos, otros revisan sus redes sociales o escriben mensajes comentando lo que Albán expone.

Las defensas técnicas de los acusados hablan de un proceso politizado, mencionan la falta de criterios objetivos, califican las intervenciones de la Fiscalía y la defensa de las víctimas como “discursos líricos e innecesarios”. Algunos de los juristas dicen que se busca forzar el tipo penal dentro del juicio y que no hay participación de sus defendidos en los supuestos crímenes de lesa humanidad.

Los ánimos de algunos ex-uniformados y sus familias presentes en la sala se animan con estas intervenciones. “No se puede reconstruir la memoria histórica para reparar a una víctima creando otra”, dice el abogado del excomandante Nelson Enríquez, y “este juicio histórico es más bien históricamente un fracaso”, concluye el abogado del médico Fernando Ron.

La esposa y los familiares del ex-general Nelson Enríquez están sentados en la segunda fila de sillas destinadas para el público. Para el hermano de Enríquez no existe sustento legal en este juicio. “La única finalidad de todo esto es conseguir una compensación económica. Todo este juicio tiene un tinte político”.

Asegura que Luis Vaca decidió quedarse en el AEIM de Conocoto porque estaba colaborando de manera libre. “Prefería estar en la unidad para preservar su propia integridad física, ya que si salía sus compañeros lo iban a matar. Fue entregado en su casa sin ningún maltrato”, afirma.

Para la familia de Enríquez es importante que todo se defina en esta audiencia ya que el exgeneral ha sufrido un año de prisión domiciliaria, privación de salida del país y enajenación de sus bienes como parte de las medidas cautelares impuestas por la justicia. Su hermano explica que esto derivó en “problemas familiares, emocionales y económicos para Enríquez”.

Tenía 21 años cuando fue detenida, torturada y violentada sexualmente. Jamás había disparado un arma y tampoco había sido parte de ningún operativo armado dentro de la organización en que militaba.

Hay recuerdos que se quedan en la piel

Susana Cajas es la primera en declarar dentro de esta audiencia de juicio. Afuera llueve y en el interior de la sala hace frío. Un silencio profundo acompaña a Susana mientras camina hacia una silla ubicada justo frente a los tres jueces de la Sala, justo al lado están los acusados. El fiscal, antes de iniciar el interrogatorio, le pide dirigirse en todo momento a los jueces. Se la ve nerviosa y confundida. Más adelante y en una entrevista contará que fue la primera vez que relata lo que vivió con tantos detalles:

Tenía 21 años cuando fue detenida, torturada y violentada sexualmente. Jamás había disparado un arma y tampoco había sido parte de ningún operativo armado dentro de la organización en que militaba.  Había llegado a Esmeraldas para asistir a una Convención Nacional convocada por AVC. Cuando la arrestaron tomaba un refresco junto a sus dos compañeros. No hacía nada ilegal o delictivo, aclara Susana.

En ese momento, la provincia de Esmeraldas estaba cubierta de soldados. Tan solo 4 días antes de la detención de Susana y sus compañeros, un comando guerrillero del Movimiento 19 de abril (M-19), había tomado el Palacio de Justicia en Colombia. Por esta razón las fuerzas militares ecuatorianas decidieron reforzar la frontera y desplegar tropas en todo el territorio esmeraldeño para impedir el paso de guerrilleros que intentaron replegarse al territorio ecuatoriano.

Susana comenta que tras su detención junto a Luis y Francisco fueron conducidos al Batallón Montúfar en Esmeraldas. Encapuchados y amarrados de pies y manos los llevaron a cada uno a una celda. “Perdí la noción del tiempo y luego en el interrogatorio no pude ver nada. Me pusieron una luz que encandilaba mis ojos y luego me hicieron varias preguntas”. Luego la trasladaron en el balde de un vehículo hasta un sitio frío y empezó un largo viaje.  “Llegué y estuve siempre encapuchada. Recuerdo un fuerte sonido de puertas metálicas, candados y cadenas. Me empujaron para bajar unas gradas y fui conducida a un calabozo maloliente que tenía puerta de metal y una ventana”. En este lugar Susana nunca pudo permanecer estirada o de pie. Dentro de la celda se acomodaba en posición fetal y tenía que estar inclinada cuando intentaba pararse.

Recuerda que, en algunas ocasiones, sus captores la sacaron del calabozo empujándola hasta un baño donde la desnudaron y la mantuvieron por horas parada bajo una ducha abierta.

Susana relata que sus captores la sacaban del calabozo para conducirla a otros cuartos donde la torturaban. En estos espacios, las paredes estaban manchadas de sangre y había baterías y cables para pasar corriente eléctrica. “Colocaban toallas empapadas de agua sobre mi cuerpo, para luego aplicar electricidad en mi espalda, senos, nalgas y en la ingle, muy cerca de la vagina (…). Me manoseaban los senos, las nalgas y las piernas constantemente, venían al calabozo a tocarme y querer tener relaciones sexuales conmigo”, dice Susana escarbando en su memoria. Los torturadores la llamaban prostituta, le decían que solo buscaba marido y que militaba en la organización porque quería tener amantes.  “De quién te dejaste convencer, eres una tonta. Que bruta, cómo te metes en estas pendejadas”, cuenta que le repetían una y otra vez.

Recuerda que, en algunas ocasiones, sus captores la sacaron del calabozo empujándola hasta un baño donde la desnudaron y la mantuvieron por horas parada bajo una ducha abierta. “Se bajaban el pantalón y me mostraban su pene erecto, diciéndome hazme la paja. Tomaban mis manos y las llevaban a su pene para que les masturbe”, dice Susana. Su voz se quiebra y su llanto no solo se escucha, se siente como un viento helado que congela todo y a todas las personas de la sala. Por un minuto, el silencio se vuelve ensordecedor. Susana dice que muchas veces les suplicó a sus torturadores que se detengan: “Tengan piedad, ustedes deben tener hijas, esposas y hermanas”.

La mayoría de personas que se encuentran en la sala buscan hacia dónde mirar. Sus ojos y sus manos parecen inquietos. Los pocos que no son atravesados por esta sensación comparten un gesto de negación. Mueven su cabeza hacia un lado y al otro mientras murmuran.

—No ha dicho nunca que la han violado. Lo que hubo fue abuso sexual, no es lo mismo que violación— le dice un exmilitar a una mujer sentada a su lado.

Contrainterrogatorio. Los equipos de defensa técnica de los acusados empiezan a interrogarla, la mayoría de sus preguntas son objetadas y no prosperan. En una pregunta, Susana responde: “Tras salir de Conocoto, estuve dos años presa y luego fui sobreseída. Durante todo ese tiempo la casa de mis padres fue allanada muchas veces. Igualmente, la de mis hermanos y hermanas. En uno de esos allanamientos, en la casa de mi hermana Adriana, interrogaron hasta a mi sobrina”. Su sobrina tenía seis años.

Las preguntas terminan. El presidente de la Sala libera a Susana como testigo. Sus ojos parecen hechos de un cristal muy fino. Camina sin apuro y ligera regresa a su asiento. Desde la primera fila del público Matías levanta su puño derecho y Nina junta sus manos formando un corazón. Ambos son sobrinos de Susana. Ella los mira y en silencio recibe ambos gestos.

Desde Brasil se conecta Francisco Jarrín a la audiencia, es otro de los detenidos junto a Susana. “Cuatro torturadores fueron los que me sacaban de la celda para llevarme hasta otro cuarto donde me aplicaron electricidad en los pulgares, con cables eléctricos, mientras me obligaban a mantener en cuclillas y luego saltar”, dice Francisco, quien al igual que Susana recuerda su calabozo como un lugar muy pequeño y con una sola ventana.  Años después identificaron este lugar en las instalaciones del AEIM de Conocoto, tras realizarse los respectivos peritajes dentro del proceso de investigación.

Francisco no olvida la ocasión en que lo llevaron a ver a Susana en uno de sus interrogatorios. “Susana estaba desnuda y rodeada de algunos hombres”. Grité: ¡Que pararan de torturarla!  Habían sido descubiertos como militantes de Alfaro Vive Carajo. Francisco hace una pausa, su voz se solloza cuando dice: “Busqué suicidarme, la situación era insoportable”. Pero no encontró un cable o algo que le permitiera parar el dolor.

Quince días fue torturado Francisco y luego junto a Susana fue liberado y traslado al Centro de Detención Provisional de Quito, donde llamó a sus familiares. Pocos días después salió de la cárcel y viajó al extranjero.

Luis Vaca se quedó en los calabozos de Conocoto. “Nos desvestían, nos mojaban con agua helada, y venía el interrogatorio acompañado de electricidad. Todo el tiempo patadas, golpeados, sometidos a semiahogos, sin dejar dormir, sin alimentación”, relató Luis Vaca a los integrantes de la Comisión de la Verdad.

Luis estuvo desaparecido durante casi tres años, luego fue liberado en una esquina cercana a su casa en la ciudad de Ibarra en 1988. Él al igual que Susana y Francisco esperaban la instalación de esta audiencia, pero en su caso la fecha no llegó. Luis falleció la madrugada del ocho de abril de 2021 sin que avance el caso.

Cincuenta testigos

Por su preparación militar y su juventud de esa época, John Maldonado, capitán de Aviación de las FAE (Fuerzas Armadas Áreas), estaba preparado para soportar cualquier tortura, si caía en manos enemigas. «Pero nunca estuve preparado para que mis verdugos sean mis compañeros de armas de la FAE, del Ejército y de la Marina», dice el excapitán llamado como testigo en la audiencia de juicio. Así lo registra Ecuador Chequea.

John fue considerado como uno de los líderes del levantamiento de la Base Área de Taura en 1987, donde se tomó de rehén al expresidente Febres Cordero para pedir la liberación del general Frank Vargas Pazzos. Tras estos hechos, John fue detenido y torturado, así consta en el Informe de la Comisión de la Verdad.

La Fiscalía ha convocado a cincuenta testigos para esta audiencia de juicio, aunque este número puede variar, de acuerdo al desarrollo de la audiencia.  Los jueces han escuchado a trece. La primera perito en ser interrogada es Isabel Ramos, docente universitaria e investigadora de la comunicación. El juez le toma juramento. Ella, detrás de una pantalla, jura que dirá la verdad. Es el tercer día de audiencia. Hay pocas personas en la sala en relación al primer día.

Al fondo, el juez dice a la perita que explique el objeto de la pericia y sus conclusiones. El abogado del ex-general Nelson Enríquez objeta el pedido. El juez lo escucha y descarta la objeción. “Los medios de comunicación tuvieron un papel importante en la construcción de sentido y significación sobre los distintos actores”, dice Ramos, quien presentó hace más de una década el informe pericial sobre la construcción mediática de la represión y el terrorismo de Estado en Ecuador ocurrido entre 1977 a 1988. 

Comenta que analizó las estructuras argumentativas de las agendas mediáticas de tres grandes medios de comunicación: El Comercio, El Universo y diario Hoy (dejó de circular en el 2014 tras su liquidación), que revisó investigaciones académicas y archivos desclasificados por la Comisión de la Verdad.

En los archivos constató que Ecuador formó parte del Plan Cóndor, operaciones en Centro y Suramérica que buscaron frenar la presencia de grupos subversivos bajo una estrategia de terrorismo de Estado con tortura, desapariciones y muertes de miles de personas, desde la década de los 70.  También revisó un documento del Plan de Seguridad Nacional firmado por el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea en 1983 y clasificado como “secretísimo”, que disponía que las Fuerzas Armadas participen en el control interno de la seguridad del país en combate al enemigo interno y asignó recursos económicos para la destrucción de las fuerzas subversivas.

En su peritaje analizó 162 notas informativas en formato noticias, entrevistas, editoriales y columnas de opinión y concluyó: los grandes medios gráficos de circulación nacional reprodujeron y amplificaron la hipótesis de guerra interna y la decisión de neutralizar y eliminar la subversión, que la prensa ecuatoriana utilizó un conjunto de mecanismos de selección, ocultamiento y deformación en sus coberturas sobre la represión del Estado, y que legitimó el accionar del mismo.  “Hubo predominio de fuentes oficiales, un reparto desigual de la palabra” explica la perito. Hay murmullos en la sala, dos hombres sentados en la fila de atrás conversan:

—Y esas son las pruebas— dice un hombre canoso con una risa escurridiza.

—Es una locura, qué tienen que ver los medios —responde el otro hombre.

Un abogado de los procesados objeta la intervención de la perito, el juez le recuerda que no puede interrumpir el testimonio. Al concluir el relato, el fiscal inicia el interrogatorio y pide autorización al juez para que la perito pueda compartir varias imágenes. Si son parte del peritaje se puede exhibir, dice el juez, pero antes deben verificar las partes.

En la pantalla aparecen recortes de prensa de octubre de 1986. Son los rostros y los cuerpos abatidos de Arturo Jarrín, Hamet Vásconez, Roberto Regalado y José Flores, militantes de AVC. Hay silencio en la sala. Sólo se escucha la voz lejana de la perito y el fiscal.

Cuatro horas durará el interrogatorio y contrainterrogatorio. Una breve pausa se da cuando la defensa de las víctimas y de los procesados revisan lo que se exhibirá en pantalla. Aprovechando ese tiempo, el juez se levanta y va al baño. Minutos después, el excomandante Juan Viteri, también se pone de pie. Uno de sus abogados y una mujer lo ayudan a caminar. Tiene más de ochenta años. Lo sostienen de cada brazo para cruzar la sala de audiencias hacia el baño. En otra esquina de la sala toma su bastón y se levanta Fernando Ron, único médico procesado en este caso, para poder caminar y salir. Su abogado lo acompaña. Adentro se queda el exdirector de Inteligencia del Ejército, Delgado, y el ex-general Enríquez, casi no hablan entre ellos. El exministro de Defensa Piñeiros está conectado a la audiencia desde una casa de asistencia.  Su abogado es el primero en interrogar a la perito:

— ¿En las notas revisadas hay información sobre Susana Cajas?— pregunta el abogado del exministro.

—No, responde la perito porque se analizó la cobertura. Explica que también hubo un silenciamiento y ocultamiento de información de los medios de comunicación.

— ¿De Luis Vaca?— pregunta el abogado.

—No

—¿De Francisco Jarrín?

—No.

—¿En los grupos subversivos están los Alfaro Vive Carajo?—pregunta el abogado.

—Sí, los Alfaro Vive Carajo, pero también están los dirigentes sindicales, los estudiantes—responde la perito.

En la sala, el público cuestiona la experticia y la independencia de la perito. Reclaman que dónde están las bombas que colocaba AVC, lo mismo ocurre en los siguientes interrogatorios.

—¿Se acreditó para realizar esta pericia?— pregunta el abogado del excomandante Enríquez

—Sí, responde la perito, pero no recuerda el número de acreditación realizada en 2012 o 2013.

El abogado cuestiona su respuesta. Alza la voz. Pregunta ¿cómo fue el proceso de acreditación y quién le pidió qué se acredite?

—La Fiscalía oficializa a las universidades buscando una o un experto. Hay un listado—responde la perito.

El abogado avanza con su interrogatorio, esta vez se centra en las afirmaciones sobre terrorismo de Estado y represión estatal. La defensa de las víctimas y el fiscal objetan varias de las preguntas del abogado de Enríquez. Las califican de repetitivas, impertinentes e intimidatorias. El abogado responde, cómo se va a intimidar a una perito que está tras una pantalla. El juez ponente no dice nada está vez.

—¿Cómo una comunicadora puede (determinar que hubo) terrorismo de Estado? — pregunta el abogado levantando la voz

El fiscal objeta la forma en que interroga a la perito. El juez  pide a quien pregunta que se calme, que mantenga un diálogo cordial con la testigo.

La perito responde que utilizó marcos conceptuales e investigaciones académicas. Menciona algunos elementos sobre la metodología aplicada y las fuentes revisadas. El abogado insiste:

—¿Usted dijo y lo tengo anotado qué hizo algunas inferencias en el peritaje?

— No hice inferencias— dice la perito. Hice análisis de los datos con diseño metodológico.

El abogado nuevamente alza la voz. El fiscal objeta. El juez pide que “no intimide a la testigo”. El abogado aclara, que no se confunda el hablar con vehemencia con intimidación.

El interrogatorio continúa, los abogados siguen preguntando y entre el público se escucha: “Pa tendrás cuidado, dicen que hay una bomba en el Complejo Judicial Norte”. El mensaje lo dice una mujer a unos de los hombres sentados en los asientos de atrás. El hombre escucha con atención y cuelga su celular. Les dice a sus acompañantes: “hay que ir para el otro lado del Complejo Norte” y continúa prestando atención a lo que pasa en la audiencia. El juez ponente tras concluir el interrogatorio suspende la audiencia y dispone su reanudación para la semana siguiente.

Susana deja la sala de audiencias. En el pasillo, unos amigos la esperan y la abrazan, otros la saludan, conversan. Los procesados también dejan la sala junto a sus abogados y algunos van acompañados de sus familias.  “Estos días se ha evidenciado que existieron lugares donde se torturaban, no solo a miembros de Alfaro Vive Carajo, como muchos de los procesados justifican, que no está en duda que fueron graves violaciones de derechos humanos, sino también a otro tipo de personas que no pertenecían a la organización y fueron torturadas en el Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto”, dice Susana en los pasillos de la Corte. “La búsqueda de la verdad y la justicia es un camino largo y doloroso, pero vale la pena pelear”.

Esa misma tarde de la audiencia, el Partido Social Cristiano (PSC) publicó un comunicado en rechazó a la acusación de Fiscalía contra los ex-miembros de las Fuerzas Armadas: “Los socialcristianos rechazamos este intento de cambiar la historia de los hechos luego de más de cuarenta años, los mismos que bajo el liderazgo y firmeza del expresidente León Febres Cordero, su gobierno y la valiente y sacrificada labor de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional lograron la extinción de este grupo terrorista”.

43 desapariciones forzadas

La alerta de bomba en el Complejo Judicial Norte de Quito anunciada por esa voz del teléfono fue falsa. Quizá se refería a la alerta del día anterior, jueves 6 de noviembre. La Policía encontró un auto abandonado cerca del Complejo con tres explosivos – tanques de gas- que fueron desactivados. Ese mismo día, otra alerta de bomba se activó en el Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil,  donde se desarrolla la audiencia de juicio en contra de 17 militares acusados por el delito de desaparición forzada y muerte de los Cuatro niños de Malvinas.

“No estamos jugando, hay dos bombas, las vamos a explotar” leyó en un mensaje de WhatsApp la coordinadora del Complejo Judicial que reportó la amenaza al ECU 911, así lo informó la periodista Ani Bazan para diario Extra.  Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) revisaron las instalaciones, tras no encontrar artefactos explosivos la audiencia de juicio se retomó.

El perito en uso progresivo de la fuerza confirmó que en la detención de los Cuatro de Malvinas hubo amenazas, insultos raciales, tortura y desnudez forzada. Lo que incumple los principios de legalidad de la detención y que por la gravedad de estos hechos ninguno puede ampararse en la obediencia debida, así lo reportó la periodista Bessy Granja.

La médica legista que realizó la autopsia reveló que los hermanos Ismael y Josué Arroyo y Nehemías Arboleda murieron por impacto de bala con trayectorias que van de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Mientras que Stiven Medina, de 11 años, tenía fracturas craneales sufridas cuando aún estaba vivo.

Este no es el único caso de desaparición forzada en 2024. Amnistía Internacional reportó 43 desapariciones forzadas a mano de las Fuerzas Armadas en Ecuador ocurridas durante el gobierno de Daniel Noboa, que impulsa desde hace más de un año una estrategia de seguridad militarizada.