Mariana Jaldín Castro
Mientras Rodrigo Paz anunciaba el pasado 17 de diciembre el nuevo Decreto Supremo 5503 denominado de “Necesidad y urgencia para la estabilización económica, financiera y social del Estado”, el pánico se apoderó de las familias bolivianas que aceleraron el pedal y buscaron la gasolinera más cercana, quizás alcanzaban los últimos litros al precio subsidiado de Bs 3,74.
Los días que siguieron han estado compuestos por un silencio fruto de la incertidumbre, alzas ilegales del pasaje de transporte público en más del 100%, algunas movilizaciones de sectores vulnerables y muchas manifestaciones de rechazo que exigían su derogación inmediata, incluido el propio vicepresidente Edmand Lara.
El gobierno ha recalcado que el D.S. 5503 se mantiene y, en paralelo, se discute qué alternativas al ajuste existen para alivianar la asfixia fiscal y si esta decisión debió ser gradual o en shock.
Quedó claro que levantar el subsidio a los hidrocarburos era una medida necesaria y que se pospuso demasiado, sin haber generado desde ningún partido, sector social ni bancada, un proyecto de contención en todos estos años. Recordemos que, implementada por el ex dictador militar Hugo Banzer en 1997 y consolidada durante la presidencia de Carlos Mesa posterior a la “Guerra del Gas”, esta medida lleva décadas beneficiando al sector productivo y la población de a pie.
Subsidiar no es necesariamente malo y hay que tenerlo claro, es simplemente una herramienta fiscal aplicada por todos los países alrededor del mundo según su proyecto productivo nacional y, como todas, depende del contexto en el que se aplica, las metas y con qué otras herramientas se complementan. Siempre debe aplicarse con un enfoque cortoplacista, pero bajo un proyecto a largo plazo para prevenir desfases económicos y que se logre cumplir los objetivos de todo instrumento de política fiscal: fomentar el crecimiento económico, redistribuir el ingreso y reducir la brecha de desigualdades.
En esta ocasión permito defender una idea: levantar el subsidio de golpe es mas sano que hacerlo progresivamente. Sostener el pánico social por un alza constante de precios fruto de la gradualidad (ya que no tenemos control real de precios para evitar presiones en el mercado de los productos de la canasta familiar), es ponerse la soga al cuello tanto para la población, el Estado y la economía nacional. Sin embargo, la decisión del gobierno de aplicarlo de manera aislada es el verdadero problema que debemos discutir. Sin un plan de contención real cuando se es consciente del contexto de dependencia que tiene tanto el aparato productivo como la canasta familiar y el bolsillo de los bolivianos, se ha dejado a la población a sus suerte, bajo un caos y la ley del sálvese quien pueda, como pueda y a costa de quien pueda, una actitud bastante característica de un enfoque individualista de la sociedad.
El D.S.5503 deja claro que esta medida fue planificada y con un enfoque direccionado de a quiénes proteger (fast track, eliminación del impuesto a las grandes fortunas) y a quiénes aparentan que se protege (aumento en salario y bonos, pero no en su capacidad adquisitiva real).
Si bien el costo del subsidio para el Estado rondaba los $us 10 millones diarios, hay que recordar que ninguna medida económica es aislada y que, si anulamos un gasto, no podemos anular un ingreso de Bs. 160 millones como el Impuesto a las Grandes fortunas, cuando el objetivo es recuperar la economía de la inflación y generar crecimiento económico.
Cabe recordar que este es el inicio del ajuste, el presidente Rodrigo Paz mencionó que, en seis meses, se revaluará la medida y se plantearán los siguientes pasos, tomando en cuenta que la inflación pronosticada para el 2026 a octubre alcanzaba el 20,8% según datos del FM previo al anuncio del inicio del ajuste, el horizonte continúa incierto para la población. Dicho todo lo anterior, es vital recordar que el debate y enfoque critico es urgente ya que somos y seremos los principales afectados por el ajuste.
