Leonel Mamani Mendoza
En el debate público reciente, la discusión en torno al Decreto Supremo 5503 se ha quedado atrapada en la superficie, girando casi exclusivamente en torno a la eliminación de la subvención y los precios de los hidrocarburos. Mientras tanto, los recursos naturales estratégicos parecen colocarse en bandeja de plata para los intereses privados, el llamado “fast track” se presenta como un atajo técnico que en realidad funciona como coartada para debilitar el control estatal, y el acceso irrestricto del Banco Central de Bolivia a créditos internacionales esquiva deliberadamente a la Asamblea Legislativa. En medio de este ruido, un tema aún más grave se desliza silenciosamente fuera del foco público: la amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria que encierra el Artículo 51 del DS 5503. Esta disposición pasa casi inadvertida, pero sus efectos son profundos y duraderos, pues, a quienes termina favoreciendo principalmente, son los grandes agroindustriales.
El Artículo 51 elimina el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo, requisito que obligaba a garantizar el abastecimiento interno a precios justos antes de autorizar la exportación de alimentos básicos como el maíz, el sorgo, el azúcar y la carne. Con esta decisión, el Estado deja de ejercer un control previo y permite que la exportación se rija por la lógica del mercado, limitándose a realizar un monitoreo sin capacidad real de intervención. En la práctica, se permite que los alimentos salgan del país libremente y posteriormente se evalúa si el mercado interno puede cubrir la demanda nacional.
Este cambio no es menor si se considera quiénes sostienen realmente la alimentación. A nivel mundial, la agricultura familiar es la base de los sistemas alimentarios. Según la FAO, en el Global Family Farming Forum realizado en octubre de 2024, la agricultura familiar aporta más del 80% de los alimentos en términos de valor, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Estos datos desmontan la idea de que la gran agroindustria es la que alimenta al mundo; en realidad, son millones de familias campesinas las que garantizan la comida diaria.
En Bolivia, esta realidad es aún más clara. La agricultura ha experimentado un crecimiento importante a lo largo de las décadas: el número de Unidades Productivas Agropecuarias pasó de 86.377 en 1950 a más de 832.443, y la superficie cultivada aumentó de 654.258 a 2,760,238 de hectáreas. No obstante, esta expansión de tierras se dio principalmente por el avance de la frontera agroindustrial, sobre todo vinculada a cultivos como la soya. A pesar de ello, la agricultura familiar representa hoy el 96% de las UPAs y continúa siendo la base del abastecimiento alimentario del país.
Estudios del CIPCA muestran que el 96% de los productos que conforman la canasta básica familiar, como hortalizas, tubérculos y frutas, son producidos por la agricultura familiar, involucrando a más de tres millones de agricultores, que además aporta el 61% del volumen total de la producción nacional, superando ampliamente a la agricultura no familiar. En contraste, el 4% restante de las UPAs corresponde a medianos y grandes productores, concentrados principalmente en la producción de soya, que reúne a unas 25.000 familias y está orientada sobre todo a la exportación. Si hablamos en términos de empleo, la agricultura familiar genera cerca del 89% de las fuentes laborales rurales, a diferencia de la agricultura industrial que, pese a su expansión, genera relativamente pocos empleos en las comunidades.
Pese a su rol central en la alimentación, la agricultura familiar y los pequeños productores son los más afectados por la liberalización que introduce el Artículo 51. Aunque suele afirmarse que la exportación genera mejores ingresos para quienes producen, en la práctica el campesino no participa directamente del mercado externo. Depende de intermediarios, vende su producción a precios bajos y enfrenta costos crecientes. Cuando los precios de los alimentos suben, el productor campesino, lejos de ganar, ve deteriorada su economía familiar, ya que compra más caro lo que no produce.
En contraste, quienes sí se benefician son los grandes productores y la agroindustria exportadora, que cuentan con capital, infraestructura y acceso directo a los mercados internacionales. Para ellos, la eliminación de los controles previos representa mayor libertad y mayores márgenes de ganancia, consolidando un modelo que concentra beneficios en pocos actores.
Por otro lado, este cambio también tiene efectos directos sobre los precios de los alimentos. Cuando la exportación se vuelve prioritaria y los precios externos resultan más atractivos, la producción se orienta hacia esos mercados y la oferta interna disminuye. Como consecuencia, los precios suben y el acceso a los alimentos básicos depende cada vez más del poder adquisitivo de las familias. De esta manera, la alimentación deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una mercancía sujeta a las reglas del mercado.
Los sectores más afectados por esta situación son las familias de bajos ingresos, tanto urbanas como rurales, que quedan expuestas a las variaciones del mercado sin mecanismos de protección previa. El Estado ya no actúa para prevenir el encarecimiento de los alimentos, sino que observa el problema cuando este ya se ha producido, recurriendo a medidas compensatorias que no resuelven el impacto estructural del alza de precios.
Desde una perspectiva constitucional, esta medida entra en tensión con el mandato del Estado de garantizar el derecho a la alimentación, asegurar el abastecimiento interno y proteger la economía campesina y comunitaria. Al reducir su rol regulador y dejar estas decisiones en manos del mercado, el Estado se aleja de su función de protector del interés colectivo y debilita la soberanía alimentaria del país.
En síntesis, el Artículo 51 del Decreto Supremo 5503 avanza silenciosamente y reconfigura la política alimentaria nacional. Más allá de la discusión económica, política y social, lo que está en juego es una pregunta fundamental: ¿quién decide qué comemos y a qué precio, el mercado o el Estado? Si la respuesta queda en manos del mercado, los más afectados seguirán siendo los sectores populares, la agricultura familiar y el pequeño productor campesino, mientras la agroindustria consolida su posición de privilegio.
