Cómo cobran —y qué pierden— las creadoras de contenido para adultos en Bolivia: cuentas prestadas, dólares digitales y una ley contra la difusión de imágenes íntimas que solo alcanza a menores de edad.

Por: Fabricio Lobatón

El estudio de S. tiene lo indispensable para transmitir sus partidas de videojuegos (gameplays): dos luces que arman una geometría precisa sobre su cara, una silla, la cámara, el micrófono que registra hasta la respiración. Ahí, frente a esa misma cámara, juega en vivo para quienes la siguen. Porque eso es, antes que nada, lo que tiene: un canal, aunque la palabra suene a televisión y esto sea otra cosa —una costumbre, más bien, la de un puñado de desconocidos que a cierta hora (no siempre fija) entra al mismo lugar, sabiendo que ahí, y no en otro, la va a encontrar—. Con ese mismo cuarto, sin mover un cable, se saca también las fotos que vende. No hay una habitación para una cosa y otra para la otra, ni dos equipos, ni dos horarios: hay un cuarto, está ella, y hay una decisión que se repite varias veces al día sobre qué es, exactamente, lo que está haciendo en ese momento.

El mercado le dice creadora de contenido —así la nombran las plataformas en sus términos y condiciones, así la nombra la prensa cuando escribe sobre el fenómeno, así terminó por nombrarla también su propio entorno—, una etiqueta que hoy se aplica con la misma naturalidad con que antes se decía vendedora o empleada, sin que nadie repare demasiado en lo que arrastra cada palabra. Creadora sugiere una vocación, un llamado que antecede al oficio; contenido, por su parte, promete una interioridad, algo que hay adentro y que vale la pena mostrar. Pero lo que S. vende, visto de cerca, no es ese adentro: no hay una intimidad que se entrega ni un secreto que se revela, sino el permiso mismo de mirar, la posibilidad de cruzar un umbral que hasta ese pago permanecía cerrado. Lo que S. vende es la puerta, no lo que hay detrás de ella —y quien paga, en el fondo, lo sabe, y paga igual.

El mismo molde

Esto no empezó ahora, dice S.

Tenía una amiga cosplayer que en 2017, en 2018, cuando acá casi nadie sabía todavía qué era esto, ya cobraba por una plataforma de suscripción que se vinculaba directo con una tarjeta y le dejaba el dinero en bolivianos. Le mandaba videos a su comunidad, gente que le pedía disfraces puntuales —tal personaje, tal serie— y ella se los conseguía o los armaba como podía. Le iba bien.

No fue la única, ni acá ni en ningún lado en particular. Por esos mismos años, en países que ni siquiera compartían idioma entre sí, miles de personas llegaban al mismo mecanismo casi al mismo tiempo. Siempre hay gente a la que le gusta ver eso, me dice S., como si fuera lo más obvio del mundo, y algo de razón tiene, por ejemplo en 1839 Louis Daguerre presentó en París el daguerrotipo, la primera cámara capaz de fijar una imagen sobre una placa de cobre plateado, y no pasaron ni quince años antes de que esa misma técnica alimentara un mercado de fotografía erótica en Londres y en la propia París.

Siglo y medio después pasó de nuevo con la videocasetera doméstica. Cuando en los años setenta Sony y JVC se disputaban qué formato iba a llegar a los hogares, buena parte de la industria del cine para adultos apostó por VHS y le dio a ese formato una ventaja de catálogo que Betamax nunca recuperó.

Cambia la cámara, cambia la década, cambia el país, y el cuerpo que termina ahí, ofrecido y mirado, sigue siendo casi siempre el mismo: el de una mujer. Lo que sí cambia es el molde en el que se lo mete —y la amiga de S. sabía de moldes, los suyos eran de silicona y de resina, guardados en cajas por tipo de material, para hacer las orejas, los cuernos, los antifaces que le pedían para sus personajes. Pero hay otros moldes que no se guardan en caja. Los personajes que la industria de lo erótico repite generación tras generación, la enfermera, la colegiala, la vecina, y que con los años se volvieron casi un catálogo fijo, algo que cualquiera reconoce apenas lo nombra.

Ese catálogo tiene una fecha de arranque bastante precisa. El término pin-up se acuñó en 1941 para nombrar esas fotos de mujeres, Betty Grable la más célebre entre ellas, que se distribuían entre los soldados norteamericanos para levantarles el ánimo en el frente, apenas un traje de baño y una sonrisa. Terminada la guerra, esa imagen cambió de piel: en los años cincuenta, con el auge de Playboy y con Bettie Page como su rostro más reconocible, la pin-up empezó a vestirse, o a desvestirse, de personajes completos —el uniforme entero en vez de la insinuación— y también de nacionalidades y oficios convertidos en disfraz, un país o una profesión reducidos a un adjetivo, a una categoría que venda. Como lo que le pedían a la amiga de S., a ese personaje, de esa serie, un molde con nombre propio para ponerse encima.

De ahí al cosplay erótico el paso fue corto. Alrededor del mundo se armaron comunidades enteras para ese tipo de contenido, y ahí entraron chicas como ella, a veces por plata y a veces, dice S., solo por cumplir una fantasía propia. Pornhub, que cada año publica lo que más buscan sus usuarios, registró que las búsquedas de «cosplay» crecieron un 72% entre los usuarios más jóvenes en un solo informe, y volvió a aparecer entre los términos en ascenso al año siguiente.

Duró poco…

Las plataformas empezaron a cerrarse una detrás de otra. En 2017 Patreon endureció sus reglas sobre contenido para adultos, citando la presión de sus socios de pago, esos bancos y procesadoras que preferían no tener su nombre cerca del cuerpo de nadie. En junio de 2018 anunció que suspendería a esos creadores, hasta a los de desnudez apenas insinuada. Dos mil firmaron una carta pidiéndole a la empresa que no los abandonara. La empresa siguió con lo suyo.

Y, sobre todo, la gente se enteró.

La amiga de S. tenía otras fuentes de ingreso y dejó de conseguir trabajos. Eso fue todo. No hubo denuncia, ni extorsión, ni filtración; solo hubo vecinos, conocidos, gente que vio y comentó, y de golpe una puerta cerrada. Entonces borró todo.

Y funcionó.

Esa es la parte que ya no existe. En 2018 una podía borrarse. Bajaba las fotos, cerraba la cuenta, esperaba unos meses y el asunto se terminaba, porque el archivo vivía adentro de una plataforma y la plataforma obedecía, no había botón de descarga. Lo peor que podía pasar era que un suscriptor le sacara una foto con el celular a la pantalla de la computadora, y eso se notaba —el reflejo, el brillo, el borde del monitor—. Era una copia mala. Alguno que supiera de computadoras habrá sabido hacer una buena, seguro. Pero S. dice que nunca vio una foto de su amiga dando vueltas por ningún lado.

Ayudó, seguro, que el nombre de su amiga se quedara chico. A los nombres grandes les pasa distinto. Mia Khalifa grabó apenas unos meses en 2014 y se convirtió casi de inmediato en una de las actrices más buscadas de la industria, y años después de haber dejado ese trabajo sus videos seguían promocionándose en los mismos sitios como si fueran material nuevo, sin que ella cobrara un centavo ni tuviera forma de bajarlos, porque ni siquiera era dueña de los dominios donde estaban alojados. Una petición pública para que los retiraran juntó más de un millón y medio de firmas y no sirvió de mucho. Borrarse, entonces, nunca fue solo cuestión de bajar las fotos a tiempo. También hacía falta que a nadie del otro lado le conviniera guardarlas.

Hoy hay páginas dedicadas a eso y a nada más, solo publican el contenido que alguien pagó por ver. No es un problema boliviano ni depende del tamaño de la cuenta; les pasa a las que recién empiezan y les pasa a las famosas. Y un grupo de Telegram no desaparece. Si una foto se sube (y en buena calidad), ya está. Nadie sabe cuántas copias hay ni en qué carpeta de qué teléfono de quién.

¿A nombre de quién?

El problema es cobrar.

Fuimos con N. a un café. Abrió su cuenta porque necesitaba otro ingreso, que es la razón por la que se abren casi todas las cuentas, y porque un amigo suyo que vive en otro país podía prestarle la suya. OnlyFans se queda con el veinte por ciento y paga en dólares que desde acá no se tocan. El amigo cobraba. El amigo mandaba por Binance. Esos dólares digitales se volvían bolivianos en el mercado entre personas, el llamado P2P, y el tipo de cambio de esos meses hacía que a ella le conviniera, y así estuvo funcionando sin sobresaltos, sin que nadie preguntara nada, durante todo el tiempo que duró.

Cuando llegó el café me mostró cómo era, ahí mismo, con el teléfono sobre la mesa. Abrió la aplicación, buscó una orden de venta ya publicada por alguien que quería comprar esos mismos dólares digitales, y con dos toques los mandó. Del otro lado, en minutos, apareció el número en bolivianos en una cuenta bancaria que tampoco era exactamente suya, sino de un familiar que le hacía el favor de recibir. Con esos bolivianos pagó el café, y con esos mismos bolivianos, mucho antes de que le llegaran a la mano, ya habían pasado por lo menos por tres nombres que no eran el de ella.

Pero durante todo ese tiempo el nombre en la plataforma, la cuenta que recibía y el primer tramo del dinero fueron de otro. La plata era de ella. La cuenta, no. Y es la pregunta que hace cualquier banco del mundo antes de dejarte tocar lo tuyo, la más aburrida de todas, la del formulario: ¿a nombre de quién?

El 29 de junio de 2026 Bolivia terminó quince años de tipo de cambio fijo. El régimen nuevo arrancó con el oficial de compra en nueve con setenta y tres y una venta referencial en nueve con ochenta y tres. Entre 2023 y 2025 la brecha con la calle había pasado el cuarenta por ciento, y en mayo de 2025 el dólar paralelo llegó a veinte.

Hoy, en septiembre, ese oficial ya subió hasta doce con cincuenta y ocho, y el paralelo, el mismo que usa N. para volver bolivianos sus dólares digitales, cotiza apenas por debajo, alrededor de doce con cuarenta y uno. La brecha que durante años empujó a la gente hacia el mercado entre personas se dio vuelta por completo, hoy vender en un banco conviene un poco más que vender entre particulares. Y sin embargo la cadena que usa N. se sigue usando igual, como si el hábito pesara más que el cálculo que lo justificaba al principio.

Hay una razón de fondo para ese hábito, y no es solo pereza ni desconfianza en el número nuevo. Casi el ochenta por ciento de las mujeres bolivianas mayores de veinte años no tiene acceso a crédito, y en tarjetas de débito o de crédito la brecha con los hombres se repite, menos mujeres las tienen, y las que las tienen las usan menos. Apenas un once por ciento de las bolivianas está plenamente incluida en el sistema financiero formal, el porcentaje más bajo de toda la región. N. y T. están dentro de este grupo que depende de otrxs al entrar al sistema financiero. Son, en todo caso, la parte del número que además factura en dólares desde una plataforma que ni siquiera opera en su país.

T. vive en otro departamento y hablamos por teléfono. Dice que al principio bajó un poco, pero que ahora está subiendo y que le sigue conviniendo. No es como lo que era el cambio oficial, pero sirve, me dijo. Anoté esa frase con desconfianza. Era julio, el paralelo estaba abajo del oficial, y di por hecho que ella se equivocaba. Que se estaba acordando del dólar viejo, el de seis con noventa y seis, contra el cual cualquier número parece bueno. O que se lo repetía para no pensarlo demasiado.

Después fui a mirar. El primero de agosto el paralelo estaba en once con cincuenta y seis. El cuatro, en once con setenta y tres. Estaba subiendo. Ella lo sabía.

Lo que sigue siendo cierto es que está por debajo del oficial, que ese día cerró en doce con cero ocho. Vender esos dólares en un banco le daría casi tres por ciento más bolivianos que venderlos entre personas. Pero para ir a un banco hay que tener el dinero en un banco, y el dinero de T. está afuera, es digital y está a nombre de otro.

Ese tres por ciento no es una mala decisión suya. Es lo que cuesta no poder poner la plata a tu nombre.

T. tampoco convierte ella. Tiene un intermediario que le hace las gestiones. No me dio detalles. No sé cuánto se queda y sospecho que ella tampoco. Alguien que se para en el medio entre un trabajo y la plata no es algo nuevo, aunque ahora venga con otro nombre. Antes era un mostrador, una ventanilla, alguien con corbata al otro lado de un vidrio. Ahora son aplicaciones, intermediarios digitales, plataformas con su propio logo y su propia letra chica que casi nadie termina de leer. Pero siguen haciendo, más o menos, lo mismo de siempre, quedarse justo en el punto donde el trabajo de otrx se convierte en dinero, y decidir desde ahí cuánto le toca a quien hizo el trabajo y cuánto a quien solo estaba parado en el medio.

Lo que no se puede piratear

Lo que S. vende, mirado de cerca, es una palabra, y esa palabra es cariño. Se las dice a todos, cariño, todos los días, a la misma hora más o menos, con la misma cámara encendida. Se acuerda de que a uno le dolía la espalda la semana pasada y le pregunta si ya se le pasó, como preguntaría una pareja y no una vendedora. Se acuerda de que a otro le tocaba un examen el jueves y le pregunta cómo le fue, aunque el jueves ya haya quedado lejos. Lo llama por su nombre, no por el número de usuario ni por el monto que dejó. Y ahí, en ese hueco preciso, entra buena parte de sus suscriptores, hombres que en algún momento esperaron tener una novia así, atenta, presente, esa que las películas y las canciones les prometieron desde chicos, esa que las tías les auguraban —"algún día vas a encontrar una mujer que te cuide así"— y que nunca tuvieron, o tuvieron a medias, o perdieron hace tiempo. Con S. no hace falta encontrarla. Ya está ahí, prendida a las nueve de la noche.

Ella dice que quiere armar una comunidad, pero lo que arma, sin proponérselo, es justo lo contrario, los que pagan no se conocen entre sí, no hablan, no saben cuántos son, y cada hilo va de ella a uno, y de ella a otro, sin que ninguno de esos hilos llegue nunca a tocarse, de modo que del otro lado cada uno queda convencido, con la misma certeza tranquila con que uno cree en su propio nombre, de que todo eso es para él.

Ese es el producto. No la foto. La sospecha (simulacro) razonable de que uno es el único.

Un video se piratea en cuatro segundos, se copia y ya está, pero eso otro no se deja copiar, porque hay que rehacerlo cada vez, con cada uno, todos los días, sin descanso, y por eso ella linkea todo, en todas sus redes, sin separación, sin cuenta "limpia" y cuenta "sucia", como si esconderse fuera precisamente lo que no puede permitirse vender.

N. hizo exactamente lo contrario. Perfiles personales impecables, ropa comprada especialmente para las sesiones —una inversión que nadie contabiliza como tal, pero que sale de algún bolsillo igual— y un límite fijo que nunca cruzó —no pasó de las fotos— aunque los suscriptores del exterior le pidieran, cada vez con más insistencia, algo más sugerente.

No le sirvió de nada. Amigos suyos —amigos, gente con la que almuerza los domingos— se suscribieron con sus alter egos digitales, con cuentas alternas o apodos armados para la ocasión, convencidos de que ahí, disfrazados detrás de un nombre falso, ella no iba a reconocerlos. Los reconoció.

Once millones de habitantes no alcanzan para esconderse de nadie. Ese cerco terminó siendo más eficaz que cualquier configuración de privacidad. Tiene pareja, y su pareja lo sabe. Por eso dejó de producir, no por la ley ni por la plataforma ni por el miedo a un desconocido cualquiera.

Alrededor de esa decisión, y de miles como ella, gira desde hace cuarenta años la misma discusión sin resolver.

Una parte dice que es trabajo y que hay que tratarlo como trabajo, contrato, aportes, jubilación, alguien a quien reclamarle. Que lo que le falta a T. no es un rescate sino un aguinaldo. Que el estigma no protege a nadie y en cambio sí saca cosas concretas, como le sacó el empleo a la amiga de S., como le saca a cualquiera las ganas de entrar a una estación de la FELCC a explicar de dónde salió una foto que ya circula en quién sabe cuántos celulares.

La otra parte dice que el consentimiento no se mide con la billetera vacía. Que siete de cada diez entraron a estas plataformas por necesidad económica, según el relevamiento del CONICET, y que eso no es elegir sino aceptar lo único que había. Que la plataforma se queda con el veinte por ciento, que las agencias documentadas en Europa se quedaban con la mitad, y que el intermediario de T., que no dice cuánto se queda, hace lo mismo. Que a esa cadena, en su vocabulario, se le dice proxenetismo.

Hay, además, una categoría que casi no entra en esos debates, y que solo asoma cuando hablo con T.

—También hay gente de la comunidad que hace esto. Gays en específico. No se habla mucho de eso —dice.

Su novio vendía contenido y le iba bien. Es colombiano. Hay mercado, dice, con el mismo tono cansado con que antes me explicó lo del tipo de cambio. No hay una cifra. Ningún relevamiento boliviano los cuenta, ninguna organización los nombra, ninguna de las dos leyes que están en comisión los tiene en la cabeza cuando escribe «mujeres». Y el que vende desde acá y cobra a nombre de un amigo tiene el mismo problema bancario que N., sin que exista todavía un lugar donde ponerlo.

Es una conversación entera de la que solo sé lo que me dijo T. en una llamada.

Lo que sale sin permiso

En el relevamiento más serio que existe sobre trabajo sexual en plataformas —252 encuestas, de las investigadoras del CONICET Déborah Daich y Estefanía Martynowskyj, presentado en junio de 2026 en la Cámara de Diputados argentina— el 56,7% de las creadoras usa Telegram para promocionar y vender. Es la misma aplicación donde después circula lo que se filtra. La misma.

T. hace una distinción muy clara sobre los grupos que difunden imágenes de bolivianas, dice, y adentro hay dos clases. Las de creadoras, que salieron de un circuito pago. Y las de mujeres que nunca vendieron nada, subidas por exnovios supone T.

Para el derecho boliviano las dos son lo mismo, y lo mismo quiere decir nada. El único registro lo lleva la sociedad civil, por ejemplo el Centro S.O.S. Digital, de Internet Bolivia y la Coordinadora de la Mujer, acompañó a 341 personas entre junio y diciembre de 2024. El 76% reportó violencia digital. El 87% eran mujeres. El Estado no publica una cifra equivalente.

Existe una herramienta para esto. Se llama StopNCII, la opera una organización británica, genera una huella digital de la imagen sin que la imagen salga del teléfono y bloquea la subida en las empresas adheridas: más de 300.000 retiradas, más del 90% de efectividad. No borra lo que ya circula, impide subidas futuras. Y las adheridas son Meta, Google, TikTok, Reddit, Snap, OnlyFans, Pornhub.

Telegram no está. La herramienta cubre el lugar donde el material se produce y no el lugar donde se reparte.

La Ley 1636 trajo cinco figuras penales nuevas, penas de hasta treinta años y el agente encubierto en entornos digitales. La Asamblea la aprobó por unanimidad y en nueve meses hubo dieciséis sentencias. Todo eso protege a menores de edad, y está bien que exista.

Para una mujer adulta cuyo contenido pagado se filtra no hay figura penal ni vía civil. No le falta solamente un delito que denunciar. Le falta la herramienta con la que se investigaría. Hay dos proyectos de Ley Olimpia esperando en la misma comisión desde marzo y abril de este año, y nadie aclaró si se fusionan o compiten. En ninguna de las dos mesas hubo una creadora sentada.

Votar a favor de proteger a un chico no le cuesta nada a nadie. Proteger a una mujer adulta que vende fotos cuesta. Ahí está la diferencia entre una ley por unanimidad y dos carpetas en un estante.

Las que pueden decirlo

T. nombra a Mayte Flores y a las Hermosa, dos casos que a ella le sirven de referencia porque son figuras públicas, tienen su propia cuenta, la publicitan sin ninguna precaución, y hasta donde T. sabe no les pasó nada grave por eso, nadie las escrachó, nadie les canceló un contrato. Lo dice casi con alivio, como si ese ejemplo le sirviera de piso, aunque enseguida aclara que no sabe qué pasa puertas adentro, y que estar expuesta y que no le pase nada visible no es lo mismo que no pasarle nada.

Después agrega el dato que le desarma un poco ese alivio a ella misma. Esas mujeres tienen otros negocios, no se sabe bien de dónde les sale el ingreso y da igual, porque hay varios, y decirlo en voz alta, para ellas, no cuesta nada.

—Para mí es mi único ingreso —dice T.

Eso es todo lo que las separa, según T. No el carácter, ni el pudor, ni la ciudad. Un segundo ingreso.

Y todavía no hay, en Bolivia, nada que se le parezca a una industria de la producción. Entre creadoras no existe una cultura de colaboración, cada una hace lo suyo por su cuenta, encerrada en su propio cuarto, y lo más parecido a un gesto colectivo es una desconocida del interior del país que un día le escribió a T. para decirle, nada más, que le gustaban sus fotos. Hay algunas productoras que ofrecen grabar, pero el resultado no se acerca al de Argentina o Perú, que son los espejos cercanos, los países donde la imagen está cuidada y hay gente que vive exclusivamente de cuidarla. Acá es una cámara y un cuarto, y con eso alcanza.

Lo que sí existe, curiosamente, es una marca. En los perfiles de bolivianas que trabajan desde afuera aparece la palabra Bolivia escrita a propósito en la descripción, como categoría de mercado, como si fuera un sabor. El país que no le sirve a ninguna de las tres para cobrar es, sin embargo, el mismo que les sirve para vender.

T. sigue estudiando. Empezó alquilándose como novia, que es un trabajo que existe y que casi nadie se anima a llamar trabajo, y de ahí pasó a las redes. No tiene forma de denunciar si su intermediario un día decide desaparecer con todo. El mercado donde su plata se vuelve boliviana, en cambio, funciona con una precisión notable, perfiles públicos de reputación, operaciones cumplidas, órdenes del mes, tiempo de respuesta, una custodia que retiene el dinero hasta que las dos partes confirman. Un aparato entero de confianza entre desconocidos, armado sin que ningún Estado haya puesto un dedo adentro. Abajo, en letra chica, avisa que si la conversación se va a WhatsApp o a Telegram ya no responde por nada.

Las tres cobran fuera de la plataforma.

Y la pregunta sigue siendo la del formulario, la más aburrida de todas, la que hace cualquier banco del mundo antes de dejarte tocar lo tuyo. ¿A nombre de quién?

Nota sobre las imágenes: por seguridad y para resguardar la identidad de S., N. y T., este reportaje no incluye fotografías reales de las entrevistadas. Las imágenes que lo acompañan pertenecen al trabajo de la artista Leah Schrager, cuya obra —centrada en la autorrepresentación y el cuerpo como objeto de mercado y de arte— dialoga directamente con los temas que aquí se abordan.