Fabiana Lobaton

El año del fuego incontrolable

Bolivia escribió el capítulo más devastador de su historia ambiental en 2024. Con los incendios de ese año, el país saltó del tercer al segundo lugar mundial en pérdida de bosques tropicales primarios. Según el World Resources Institute, Bolivia perdió 1,4 millones de hectáreas de bosques primarios, el 20,8 % de la pérdida mundial de este tipo de bosques.

Más de 10 millones de hectáreas ardieron, casi se duplicaron los 5,3 millones que se quemaron en 2019. De esos 10 millones, aproximadamente 5,8 fueron cobertura boscosa. Según el informe State of Wildfires 2024-2025 de la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), Bolivia emitió 148 millones de toneladas de carbono (equivalente a cerca de 543 millones de toneladas de CO₂) por los incendios forestales entre 2024 y 2025, cifra 383 % superior al promedio habitual y el registro más alto del siglo en el país.

El 20 de agosto de 2025, Ruth Alipaz, presidenta de Contiocap (Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas), habló con Associated Press. Su testimonio fue contundente: “Los acuerdos se firman, se hacen compromisos, se aprueban leyes y decretos, pero en el territorio no hay absolutamente nada aplicado. Lo que nos sucede es que nos despojan de nuestro territorio, nos envenenan con humo y mercurio, y también nos privan de los medios de vida como el agua, el suelo y la comida”.

¿Por qué el fuego llegó donde el bosque mejor se cuida?

Según datos de la Fundación Tierra, una organización boliviana dedicada a la investigación y la defensa ambiental, citados por el medio Visión 360, el 95% de los incendios fueron causados por humanos: 34% por actividades agropecuarias y 66% por ocupantes ilegales, empresas agropecuarias y colonos que buscan apropiarse de tierras fiscales. El fenómeno de El Niño intensificó la sequía y temperaturas superiores a 40 °C hicieron que las quemas agrícolas se volvieran incontrolables. El 30 de septiembre de 2024, el Gobierno decretó desastre nacional.

Por primera vez en la historia, los territorios indígenas a nivel nacional concentraron el 28% del área afectada por incendios. Según el informe Forest governance by indigenous and tribal peoples de FAO y FILAC (2021), en la Cuenca Amazónica entre 2000 y 2016, mientras en territorios indígenas se perdió el 4,9% del bosque intacto, fuera de estos la pérdida fue del 11,2%. Los pueblos indígenas conservan mejor el bosque. Sin embargo, en 2024 fueron los más castigados.

Los incendios no se originan por las actividades de las comunidades indígenas. Comienzan en grandes propiedades privadas contiguas o por ocupantes ilegales dentro de los territorios, donde empresas agropecuarias usan fuego para despejar tierras. En 2024, el Viceministerio de Defensa Civil reportó más de 2.500 quemas agrícolas mal gestionadas. Ese descontrol fue el que permitió que el fuego saltara desde las propiedades privadas hacia los territorios indígenas.

El departamento de Santa Cruz concentró el 68 % de las quemas con 1.323.301 hectáreas destruidas. El departamento de Beni, por su parte, concentró el 28% de las quemas nacionales.

En cuanto al carbono —cuyo almacenamiento en bosques evita que se convierta en CO₂ atmosférico—, Bolivia almacena en territorios indígenas este elemento, el cual proviene de bosques primarios que tardaron miles de años en formarse. En el área amazónica, las zonas protegidas y los territorios indígenas contienen 34.100 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo, el 60% del total de la Amazonía. Entre 2013 y 2022, estas áreas funcionaron como un sumidero de carbono significativo, al ganar 257 millones de toneladas métricas, mientras el resto de la Amazonía perdió 255 millones de toneladas métricas. Los incendios de 2024 emitieron 120 millones de toneladas en pocas semanas, según la Organización Meteorológica Mundial, lo que borró años de captura (MAAP – Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina).

A las llamas se sumó la deforestación que está amenazando la selva. En 2023, Beni registró 264.175 hectáreas destruidas, un aumento de 155% respecto a 2022. Entre los motivos se encuentra que el Gobierno priorizó programas de palma aceitera para biodiésel y cultivos de caña en este lugar.

Las leyes están hechas para quemar

Entre 2013 y 2019, durante el Gobierno de Evo Morales, se promulgaron ocho normativas denominadas “leyes incendiarias”, que legalizaron lo que antes era destrucción ilegal. La Ley 337 de 2013 permitió desmontajes anteriormente irregulares. La Ley 741 de 2015 subió el límite de desmonte de cinco a 20 hectáreas por beneficiario. El Decreto Supremo 26075 de 2019 autorizó desmontes en Santa Cruz y Beni para ganadería y agricultura. Tres leyes entre 2013 y 2015 perdonaron toda la tala ilegal anterior.

No solo eso. En 2014, el Gobierno estableció que Bolivia debía usar un millón de hectáreas anuales para la expansión agrícola. La Agenda Patriótica 2025 fue más ambiciosa: 22 millones de vacas. Las intenciones estaban claras, pese a las terribles consecuencias de los incendios del año anterior.

En 2021, el 98% de los 4,1 millones de hectáreas quemadas provenía de incendios ilegales, pero la Agencia Forestal (ABT) emitió solo 248 sanciones por quemas no autorizadas. A esto se añade que Bolivia castiga la deforestación con multas de apenas 0,2 dólares por hectárea. En Brasil alcanzan los 200 dólares. Es decir, si un agricultor boliviano es castigado por quemar una hectárea, pagará menos de lo que cuesta un café en La Paz.

Un ejemplo del manejo estatal de estas situaciones es el de Grover Condori Delgadillo, de 42 años, quien fue encontrado realizando quemas ilegales en la Reserva Forestal de Guarayos el 26 de julio de 2024, responsables de consumir 1,2 millones de hectáreas de bosques. Se declaró culpable y recibió una condena de tres años de cárcel suspendida —que no implica prisión efectiva— más la obligación de sembrar 100 plantines nativos. Nunca pisó una celda.

Mujeres contra el fuego. Producir sin quemar: el modelo que funciona

Aagropama

Pero volvamos a los incendios de 2024. Cuando las llamas se expandieron, las mujeres en los territorios tuvieron que hacer frente a esa devastación. A pesar de las hectáreas quemadas, decidieron persistir. Entre sus tareas se cuentan plantar, producir sin destruir y educar. La Asociación Agropecuaria de Productoras Amazónicas de Majo y Asaí (Aagropama BR) es un ejemplo de ese trabajo.

En Buen Retiro, municipio de Riberalta, en la provincia Vaca Díez del departamento de Beni, Aagropama tiene una planta de 288 metros cuadrados. Fue fundada en 2018, cuando otra cooperativa dejó de comprarles el fruto. Durante los primeros años operaron con infraestructura básica. Hoy procesan hasta 3 mil kilogramos diarios de asaí, majo y copuazú.

El cambio llegó en 2023, cuando, con financiamiento de ONU Mujeres y cooperación italiana, inauguraron la planta procesadora. Sandra Justiniano, presidenta de Aagropama, recuerda: “Antes vendíamos 200 litros de jugo al día. Ahora procesamos 500 litros diarios y extraemos pulpa”.

Aagropama maneja 3.000 hectáreas de bosque primario en plan de manejo certificado orgánico. Desde 2022, una red de más de 300 familias proveedoras recolectan el fruto. “Si cortas un árbol de asaí, tarda 20 años en regenerarse”, explica Sandra. “Por eso no quemamos en temporada seca”.

Sin embargo, en 2024, el fuego llegó. Los incendios destruyeron el 90% de la producción anual de asaí en Buen Retiro. La provincia Vaca Díez perdió casi 97.000 hectáreas. Mientras Aagropama conservaba 18.000 hectáreas de bosque en pie, alrededor suyo se perdían ecosistemas completos.

Gisela Yanamo: la guardiana del bosque en pie

Bolivia es el primer exportador mundial de castaña con el 52% del mercado global. En 2024 exportó 175,8 millones de dólares, 69% más que en 2023. La cadena genera 80.000 empleos en la Amazonía, el 80 % son mujeres.

En el municipio de El Sena, ubicado a 189 kilómetros de Riberalta, en la provincia de Madre de Dios del departamento de Pando, Gisela Yanamo, de 20 años, ha heredado el conocimiento de su parentela. Su familia se asentó en El Sena hace tres décadas y aprendió a vivir del bosque: extraen castaña y cultivan palmeras de asaí. No usan agroquímicos. “Solo quitamos hierba”, cuenta. En su comunidad existe una regla: pueden aprovechar madera bajo cuota asignada. Además, los árboles de castaña están especialmente protegidos.

Ese modelo de conservación ahora enfrenta presión. Gisela siente cómo el cambio climático golpea cada cosecha: temperaturas más altas, lluvias irregulares. Lo que más le molesta es la inequidad. Mientras otros “saquean mucha madera y ganan”, ella apenas sobrevive con los frutos.

En 2024, el fuego llegó a municipios cercanos. Gisela vio cómo años de trabajo de sus vecinos, como los de Buen Retiro, donde operaba la cooperativa Aagropama, se reducían a cenizas. Pero comprendió algo fundamental: “Uno tiene que cuidar el territorio porque el bosque es un soplo de aire, nos da oxígeno y nos protege de los incendios”.

Desde entonces sigue plantando de manera limpia. Sus árboles de castaña son su respuesta silenciosa al fuego. Solo pide mejores carreteras para sacar su producción y que el Estado proteja los territorios indígenas de las quemas que se originan en propiedades vecinas.

Con todo, los incendios y la tala, aunque devastadores, no son las únicas amenazas que enfrentan estos territorios amazónicos. La minería también está dañando la tierra y exponiendo a las comunidades a nuevas vulnerabilidades en medio de las temperaturas cambiantes.

Wilma Mendoza: heredera de la resistencia

Wilma Mendoza creció en Simay, comunidad mosetén en Alto Beni, viendo a su padre, Gregorio Mendoza, defender el territorio. De niña prometió no seguir sus pasos, pues presenció cómo el liderazgo le arrebataba tiempo a su familia. Además, perdió a su padre, quien fue asesinado después de más de 30 años de defensa territorial. Sin embargo, terminó ocupando cargos de liderazgo femenino en la universidad y fue designada dirigente territorial a los 27 años. Hoy, a los 48, preside la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y lidera 13 organizaciones regionales.

El trabajo de liderazgo le ha traído consecuencias. En 2009, durante una reunión para rechazar la exploración petrolera en su territorio, Wilma y su equipo fueron interceptados por hombres armados. Ella logró escapar hacia la selva con las grabaciones que documentaban su resistencia. Eso no la detuvo. Desde 2021 dirige la escuela de expertas en liderazgo territorial y gobernanza indígena, formalizada desde 2024 en colaboración con universidades indígenas. El programa capacita a mujeres en gobernanza territorial, derechos ambientales y herramientas de monitoreo.

“Antes yo realmente no me atrevía a hablar en público”, cuenta Sara Rosell, una de las primeras 30 graduadas en 2025. Marleny Cuevo, otra egresada, agrega: “Antes la voz masculina era la que se escuchaba más. Ahora hay mujeres que se sienten capaces de alzar sus manos”.

En mayo de 2024, 120 lideresas se reunieron en un encuentro nacional que Wilma convocó. Esta fue la declaración colectiva resultante: “Nos alzamos en defensa de nuestra tierra, nuestra agua y nuestra biodiversidad, nos declaramos defensoras de la Amazonía”.

Wilma reconoce lo que el liderazgo cobra: “Te quita todo ser un defensor de derechos. Te descalifican, te calumnian”. A pesar de ello, afirma: “Seguiremos adelante”.

Ruth Alipaz: en el corazón del conflicto

Dentro del mismo territorio amazónico amenazado, a 300 kilómetros en línea recta de El Sena, donde vive Gisela, está San José de Uchupiamonas. Ahí vive Ruth Alipaz. Es un pueblo de aproximadamente 750 habitantes (116 familias) completamente dentro del Parque Nacional Madidi. Ruth Alipaz, de 53 años, fue la primera mujer en su comunidad en completar estudios superiores. En 2008 fundó Sadiri Lodge, un proyecto de ecoturismo. Pero su vida cambió en mayo de 2021, cuando descubrió que el río Tuichi estaba concesionado a una minera aurífera aluvial. Hoy el Madidi tiene el 8% comprometido para minería. En la Tierra Comunitaria de Origen de San José de Uchupiamonas, el 98% de sus 210.000 hectáreas está concesionado para actividades mineras y petroleras. Cooperativistas operan ilegalmente en los ríos con dragas que contaminan el agua con mercurio. Desde entonces, ella se dedica a defender el territorio.

En 2022, Ruth denunció públicamente esta situación en medios internacionales. En febrero de 2025, esas denuncias se volvieron urgentes: Francisco Marupa, un líder indígena leco de 67 años dedicado a defender territorios del Madidi, fue asesinado. La comunidad identificó a traficantes de tierras y mineros auríferos como los autores.

A pesar de ello, Ruth no se retiró. Es representante de Contiocap, que agrupa más de 30 territorios indígenas. Sus luchas incluyen la oposición al proyecto Chepete-Bala, una megahidroeléctrica que, según sus cálculos, habría inundado 677 kilómetros cuadrados y desplazado entre 5.000 y 18.000 habitantes. En 2016, tras 12 días de protestas y vigilias en el estrecho de El Bala lideradas por Ruth, las comunidades lograron expulsar a la empresa Geodata y detener los estudios de factibilidad del proyecto.

Los riesgos de defender la tierra

En 2021, Contiocap y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) lanzaron una plataforma digital para registrar ataques contra defensores ambientales. Entre enero de 2017 y abril de 2022, documentaron 191 casos de agresión. Según el análisis de Cedib reportado por Mongabay, el 90% de los agresores es parte del Estado central o tiene vínculos con el partido gobernante: el 45% pertenece directamente a entidades del Estado y el 29% son civiles que atacan a los defensores motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas extractivas. Las mujeres sufren ataques específicos: 102 de los 191 casos fueron contra defensoras ambientales, que han sufrido difamación sexuada —ataques basados en su género, desde insultos sexistas hasta amenazas contra su reputación y su dignidad como mujeres.

El costo del liderazgo es evidente: “Defender derechos te despoja: dejas a tu familia, dejas tu trabajo, te vuelves solitario. Te acosan, tienes que proteger a otros. Quieren quitarte hasta la dignidad”, afirma Ruth. Sin embargo, añade: “No es solo nuestra vida, es nuestra propia existencia la que está en juego. Seguiremos defendiendo”.

La COP30: cuando el mundo debate, ellas resisten

En noviembre de 2025, Ruth Alipaz viajó a Belém (Brasil) para la cumbre climática COP30. Del 10 al 21 de noviembre, más de 5.000 indígenas estuvieron presentes allí. Entre ellos, 900 tuvieron acceso a la Zona Azul, el área de negociaciones oficiales. Paralelamente, la Aldea COP30 reunió a más de 3.000 indígenas en un espacio alternativo de resistencia y propuestas.

En la Zona Azul, delegados de 195 países debatían cifras: emisiones de carbono, compromisos de reducción, mecanismos de financiamiento. Brasil lanzó el Tropical Forest Forever Facility (TFFF) o Bosques tropicales para siempre, con una meta de 125.000 millones de dólares en inversión pública y privada. El objetivo es movilizar aproximadamente 4.000 millones anuales para países que mantengan sus bosques en pie, al menos el 20 % destinado a pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Bolivia, paradójicamente, no estaba en la lista de beneficiarios iniciales.

Mientras en la Zona Azul se debatía sobre financiamiento forestal, la comunidad de Ruth en San José de Uchupiamonas recibía amenazas; en Alto Beni, Wilma Mendoza graduaba mujeres que aprendieron que su voz importa, y en El Sena, Gisela Yanamo plantaba nuevos árboles de castaña.

“Si en 30 años no hubo capacidad para hacer cambios sustanciales y conscientes con la prioridad de preservar la vida, esta COP30 fue otra versión más de la mentira”, declaró Ruth a Mongabay Latam durante la cumbre. “No es solo nuestra vida, es nuestra propia existencia lo que está en juego. Seguiremos defendiendo”.

*Reportaje ganador de beca de la iniciativa Get Ready for the COP 2025, de DW Akademie.*