Valentin Murillo Agreda

El libro “Santa Cruz S.A: Agronegocio y mito empresarial”, publicado en julio de 2026, fue motivo de controversia desde su lanzamiento y presentación. El libro está compuesto por seis ensayos escritos por los autores: Stasiek Czaplicki Cabezas, economista ambiental; Suzanne Kruyt: antropóloga feminista interseccional; Blanca Rivero Lobo: economista; Jose Octavio Orsag Molina: historiador especialista en la amazonia y Huascar Salazar Lohman: economista.  

¿Pero de qué va el libro? ¿Qué es lo que realmente dice y si lo que dice es cierto o es un intento visceral de crítica a Santa Cruz y la agroindustria? Pues, después de leerlo y revisar los datos que nos brinda el libro, esta investigación conjunta nos da muchas luces para demostrar cosas que se niegan constantemente en un esfuerzo de tapar el sol con un dedo. 

El libro arranca con una introducción potente: interpela al exvicepresidente Álvaro García Linera. Entre líneas, nos dice que fue una pieza clave para el crecimiento de la frontera agrícola y el fortalecimiento de los empresarios privados en el gobierno del MAS. Esto, además de ser pertinente, devela, tal vez, el doble discurso hipócrita de García Linera que, con pseudodiscursos leninistas de aprendizaje político, entregó en bandeja de plata las tierras de los indígenas de tierras bajas a los empresarios cruceños. Lo más polémico es que, en entrevistas previas al proceso electoral de 2025 en Argentina, sale a declarar que “hay que agarrarlos del cuello”, que “esa es la salida”. 

El exvicepresidente conocía la situación del agro desde hace muchas décadas, y lo señala claramente en su libro: las condiciones para la revolución socialista en Bolivia, la cual firmaría con el pseudónimo de Qananchiri en 1988. Sin embargo, el agronegocio salió fortalecido sin ninguna socialización real del excedente, pese a que el propio gobierno la fomentó. Claro ejemplo, es la falta de dólares en el mercado de divisas que hoy atravesamos. 

De “buenas intenciones” se forjó así entonces el camino al “infierno moderno”, a costa del bolsillo del pueblo trabajador. Además, el mismo sector sería su principal traidor y detractor, financiando la agitación de movimientos cívicos paramilitares en 2019.

Entrando en materia, el primer capítulo es fantástico, ya que demuestra una vez más la vigencia del problema más negado en nuestra sociedad, como si estuviera resuelto, pero no lo está. Este problema es el racismo estructural y las lógicas de la exclusión del Estado boliviano frente a los pueblos indígenas que ocupan legítimamente sus tierras en territorios que les fueron despojados por el colonialismo interno. 

El libro, más que develar, demuestra una vez más, desempolvando documentos¹, que el Estado boliviano no desconocía la situación de hábitat de los pueblos originarios indígenas de tierras bajas del oriente del país. El autor Jose Octavio Orsag Molina nos deja claro que esto no se mantenía oficial, pero era algo completamente real. 

Es decir, para Bolivia, los indígenas nunca fueron ciudadanos y nunca fueron tomados en cuenta siquiera como personas o seres humanos que valgan la pena, por su “barbarie” o su “salvajismo”. Algo que no es una novedad desde la fundación de Bolivia en 1825 y que Rossana Barragan explica en su libro “Indios, mujeres y ciudadanos”. Bolivia se fundó y se construyó desde el principio con el aspiracionismo ficticio del mestizaje. 

La estructura del Estado, en su afán de negación al indio, siempre usó la ley a favor del q´ara² y, aunque este capítulo menciona la ley de tierras de 1878 promulgada por Daza como pieza clave y explícita, vale la pena mencionar la ley de exvinculación de tierras promulgada por Tomás Frías. Esta ley fue el paso necesario que la geopolítica mundial, dentro de la hegemonía del pensamiento liberal del Estado moderno, promovió para que Bolivia ya no sea vista como un país “atrasado” para la época. Pues esta ley dio paso a la destrucción del ayllu y las comunidades indígenas para la lógica de propiedad privada individual.

Lo que no sorprende es que el viejo cuento de los “indios violentos” fue siempre para beneficiar a las élites, y el racismo exacerbado y explícito era el pan del día cotidiano en aquella época, dejándolo claro en la carta del hijo del antiguo prefecto del Beni, Quintín Gonzales, donde se cree dueño de las tierras que legítimamente fueron y son de los pueblos indígenas. Este racismo, lejos de extinguirse o resolverse, siempre sale a flor de piel en los conflictos sociales, donde quienes salen a marchar son categorizados como “hordas salvajes”, “bárbaros” e “indios de mierda”. 

Esta violencia ejercida por las élites empresariales, desde todo punto de vista y transversalmente violenta, se blanqueó bajo la “integración” a la “civilización”, porque hay que dejar bien claro que, para estas élites, todo lo que no responda a las lógicas eurocentristas de modernidad, desde los habitus hasta las instituciones, no es civilizado. En respuesta a esta violencia, la resistencia igual o más violenta de los pueblos siempre se tachó de barbarie, cuando este acto puede ser el acto de amor más puro³.

Esta denuncia se fundamenta objetivamente en el libro, que aporta datos documentales. Por ejemplo, menciona los ítems relativos a la «reducción de salvajes» entre 1920 y 1930. Esta práctica se prolongó hasta 1948 con el programa selvícola de catequización cristiana. Esto, pues, refuerza una vez más que a la fecha este es un problema no resuelto y vigente en pleno 2026. 

Santa Cruz no sería Santa Cruz sin la minería en Bolivia. Toda la agroindustria se construyó en gran medida gracias al financiamiento de los mineros y la fuerza de trabajo proletaria e india. Los empresarios cruceños siempre apelan a su trabajo duro y su meritocracia ficta. Sin embargo, este libro revela de forma espectacular que ellos fueron los más beneficiados, por ejemplo, de la tecnificación con tractores subsidiada por el Estado, solo porque los colonos indios no eran lo suficientemente capaces de administrar⁴.

Esta colonización interna del Estado boliviano, llamada eufemísticamente “modernización”, significó el progreso de la miseria para los indios. Podemos apreciar que los vende patrias de “piel clara” no estaban contentos con el despojo de las tierras a los indígenas para el empresariado boliviano. Establecieron abiertamente un estándar de cómo debía ser el colono para la “ocupación eficiente”, que preferentemente debía ser blanco europeo, alemán, francés o menonita. Incluso despreciando a los japoneses por su raza. Todo bien mientras sea blanco. 

Este capítulo también denuncia algo que es sabido para los que conocemos nuestra historia y procesos sociales, pero que a menudo vale la pena recalcar: la Reforma Agraria del 53 fue la agenda de los movimientos sociales y no así del MNR, partido que no reflejaba un proyecto económico nacional. 

La agroindustria siempre se vio como una salida al déficit fiscal y la balanza de pagos que dependía de la renta minera. Por ese motivo, después de la Revolución del 1952, este fue un proyecto inacabado de los gobiernos de turno del siglo XX, siendo tal vez el gobierno de Hugo Banzer durante la dictadura de los 70 el más relevante, pues impulsó la absorción de la deuda de los empresarios por el banco agrícola. Esto nos deja una pregunta clara: ¿Banzer hizo mucho por Santa Cruz o hizo mucho por los empresarios cruceños? Dos cosas totalmente distintas.

Si bien en los 80 los despojados de sus tierras tuvieron el intento de organizarse bajo sindicatos para defender sus derechos, esta lucha fue una pataleta de ahogado frente a una estructura estatal que perpetuamente defendió los derechos de los empresarios cruceños. Esto dejó ya más visible y sintomático para los pueblos indígenas nativos el cambio ecológico, despojando, por ejemplo, del agua a dichas comunidades.

Avanzando en el capítulo segundo, podemos reafirmar que el libro no se dedica a la crítica indiscriminada de la población cruceña. Más bien, se enfoca en la élite de poder transversal en todo el departamento de Santa Cruz, que es cuidadosamente estructurada y detallada por los autores en dos núcleos principales. El primero está formado por 19 personas, mientras que el segundo núcleo está compuesto por 20 familias que serían grandes beneficiarias de dotaciones de tierra, y no son ajenas unas a otras. Entre ambas, capitalizarían más de 600 mil hectáreas, escalando a un número aproximado de 16 veces más que el propio municipio de Santa Cruz, ¿se imaginan?

La riqueza de este capítulo en sí radica más allá de la denuncia que muchos activistas venimos reprochando en las aulas universitarias y medios de comunicación: es la exposición de nombres y dimensiones de tierra⁵ que fueron beneficiadas por los diferentes gobiernos de turno.

Gracias a esta lista detallada⁶ de los verdaderos saqueadores, podemos ver que muchos de ellos pertenecían no solo al rubro del agro colonizador, sino también a la banca, el comercio y hasta la política. Esta última fue la más alarmante, porque muchos de ellos fueron diputados, senadores y ministros de los gobiernos que siempre beneficiarían sus intereses, no lejos de la actualidad.

Sin embargo, me gustaría destacar particularmente la exposición del padre de Carlos Valverde Bravo, Carlos Valverde Barbery, por dos razones para entender más la lógica multidimensional y transversal de poder de estas élites de poder. La primera es que Valverde Barbery fue fundador de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo paramilitar de choque que defiende mediante la fuerza y violencia el discurso y narrativa de la cruceñidad impuesta por la élite y logias cruceñas.

El segundo es que el hijo, Valverde Bravo, renombrado comentarista y autoproclamado “periodista” de actuales programas de opinión política, lleva consigo más que la carga ideológica de su padre y las instituciones paramilitares que creó. También encarna de forma fehaciente e inequívoca la “cruceñidad”, siendo consumidor de esta misma propaganda. Distorsiona la realidad nacional y altera la opinión pública desde las plataformas que dan eco a su voz, una mentira estructural que es develada y denunciada en este libro. 

Algo que también incomoda a estas élites es que la tierra concesionada desde el Estado no servía en hechos fácticos para la producción agrícola y pecuaria, sino más bien servía como un commoditie⁷ que les permitía una acumulación de capital. Solo el 1.5% de esas tierras producían.

Las tierras pasaron de ser la promesa del cambio de la matriz económica que Bolivia tanto necesitaba a ser un bien de acumulación de capital que perpetuaría la desigualdad social, el cambio climático y la extinción de las formas de vida indígena. Algo que de forma analógica ocurrió en Europa fue la privatización de bosques. Esto dejó desposeídos a los pobres, quienes carecían de derechos. La ley estaba hecha para los ricos, convirtiendo a las personas que solo buscaban una forma de subsistencia en los “ladrones de madera”⁸ modernos ante la inminente devastación del sistema capitalista. Algo que de forma pedagógica nos ilustró Daniel Bensaid.

Para finalizar, aparte de decirnos con datos lo que era una denuncia pública general de muchos activistas, como el enriquecimiento ilícito de estas élites/logias⁹ cruceñas en gobiernos de Banzer y García Mesa, entre otros del siglo XX, también destaco la exposición del Servicio Agrícola Interamericano (SAI) que era dueño y señor de las tierras, las cuales podía disponer unilateralmente por encima del mismo Estado boliviano. 

El tercer capítulo arranca de forma potente, denunciando la absorción de la deuda que los propios empresarios agroindustriales se habían provocado, por parte del Banco Agrícola de Bolivia (BAB). Llevando la suma de casi 3 millones de dólares que tenía de deuda la élite a costa del bolsillo de los bolivianos.

Entonces, este capítulo más que nada nos nutrirá de datos reveladores, dilucidando cómo la agroindustria se construyó a costa del apalancamiento del Estado. Cito textualmente:

“Por más de setenta años, el agronegocio cruceño se financió con crédito estatal, cooperación internacional, restructuraciones de deuda y, más recientemente, con los fondos de pensiones de los trabajadores bolivianos canalizados a través del sistema bancario”. (pg. 116)

Esto dentro de la sensatez ética de los autores, al reconocer que, en 1981, este fenómeno ya había sido catalogado como la “ilusión agrícola” por Jerry Ladman y Ronald Tinnermeier. Resaltando, sobre todo, una vez más, que la agroindustria fue la promesa del cambio de matriz económica que la minería ya no podría sostener. Sin embargo, los números del mismo Banco Mundial indican que, desde 1950, donde representaba el 32% del PIB, se redujo a menos del 10% en las últimas décadas.

Los créditos que obtenía la agroindustria cruceña, ya sea del Estado o la cooperación internacional, se mantenían, no se reducían. Es más, se incrementaban y hasta se les otorgaba flexibilizaciones de mora a la deuda. Todo esto ocurría mientras las pérdidas productivas aumentaban y en muchos casos no superaban el 2% de producción en las tierras concedidas, como vimos antes. Este fenómeno, sin lugar a dudas, es hasta contradictorio con el sistema de libre mercado que tanto pregonan las élites. 

La lógica de libre mercado en un sistema capitalista asevera e impulsa la política económica de NO intervencionismo del Estado. Sin embargo, la agroindustria cruceña sobrevivió la crisis y se apalancó gracias al Estado, la cooperación internacional mediada por el mismo Estado y la banca, que fue la forma corporativa que encontraron los grupos de poder para accionar las “empresas agrícolas”.

En relación a esto, el libro no solo expone el papel que juegan las élites cuando alguno de sus representantes llega a ejercer una cartera significativa dentro del Estado, como es el caso de Fernando Romero Pinto, actual ministro del gobierno de Paz Pereira. 

También podemos ver que la cooperación internacional, en gran parte gracias a Banzer, se destinó a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, dejando de lado a departamentos que aportaban al PIB más que los tres juntos, como Potosí.

La banca siempre respaldó al agro, no por intereses financieros. Sino porque esta nace en su mayoría de las mismas entrañas de las familias y élites corporativizadas del agro, como por ejemplo el Banco Santa Cruz o el propio Banco de la Unión, que fue fundado por dichos grupos de poder. 

Estas mismas familias, de entre las cuales resuenan los apellidos Monasterio y Kuljis, hoy tienen los medios televisivos más grandes del país, desde donde refuerzan la narrativa que les convenga. 

Entonces, los empresarios traducían el crédito a pérdidas; no generaba empleo y, peor, producción. Ante las millonarias deudas que tenían frente a entes internacionales, no les dio de otra que acudir al gobierno de Banzer para que el Estado impulse políticas de salvataje a costa del bolsillo de los bolivianos. Esto causó finalmente la quiebra del Banco Agrícola de Bolivia (BAB). Algo que volveríamos a ver de forma más sofisticada, con el fondo de pensiones de los trabajadores. Alarmantemente, esto puede llegar a un final más trágico para las familias bolivianas. 

Esta tal vez sea lo más relevante de este capítulo, entre muchas otras cosas como lo que denominan: Aliado inesperado al gobierno del MAS, por lo cual recomiendo leerlo detenidamente.

El capítulo 4 se explica muy bien desde las mismas palabras de los autores: 

“Este capítulo propone un análisis estructural que conecte los hechos ecológicos con su raíz socioeconómica, identificando el rol que cumplen el avance de la agricultura comercial, la legislación nacional y el impacto desigual de la crisis climática en la población cruceña.”

Entonces, desglosando el capítulo, podemos decir que la agricultura comercial avanzó gracias a la deforestación. Sin embargo, esta no tiene que ser entendida de forma simplista, sino como los intereses multisectoriales que los involucran, como el Estado, el mercado, el sector financiero y los propietarios de las tierras. Algo que dejan muy claro los autores. 

Los factores o causas de la deforestación de los bosques en Bolivia, que se localizan principalmente en el departamento de Santa Cruz, son la ganadería, la agricultura mecanizada y, en menor medida, la agricultura a pequeña escala que se encarna en campesinos, indígenas e interculturales, demostrando que la deforestación en un 60% se da en tierras de empresarios de la élite. 

Algo alarmante que es necesario leer y estudiar a detalle es el rol de las colonias menonitas y cómo son parte crucial del engranaje de la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola pecuaria. 

Hasta este punto, los autores nos hacen una pregunta crucial: ¿Qué pasó con los instrumentos que debían frenar la deforestación? Y, si bien se mencionan el Plan de Uso de Suelo PLUS o la Fundación Económica Social (FES), dejan ver lo insuficiente, ineficientes e ineficaces que fueron estas instituciones, que en realidad funcionaron como instrumentos de legitimación de la misma deforestación. 

Esto, por último, nos lleva a preguntarnos: ¿quién lidia o se lleva la deuda climática causada por estos sectores que solo perpetúan su capital y su poder?

Después de las alarmantes sequías y cambios ecológicos causados por el agro cruceño, y dilucidadas en el libro, podemos no solo deducir, sino afirmar que siempre serán los pueblos indígenas y campesinos los que pagan las consecuencias.

Mientras los causantes de este fenómeno climático tienen el capital para construir represas, pozos, entre otras tecnologías, los comunarios indígenas sufren la escasez. En otras palabras, se practica entre líneas la privatización de los mal llamados “recursos naturales” sin ninguna intervención real del Estado para proteger derechos constituidos en la CPE. Dentro de los causantes, el apellido que más resuena es Marincovic. 

La diferenciación obvia, pero necesaria, entre la deforestación como instrumento estructural de expansión agrícola y los incendios es pertinente, viendo que muchos de estos últimos son causados por las sequías originadas por las mismas deforestaciones. 

Es común que en los comentarios de redes sociales y en los medios de comunicación, que están en manos de las mismas familias, se eche la culpa de la deforestación a los colonos de origen andino, especialmente a los interculturales. Se les presenta no solo como el enemigo interno de la cruceñidad por ser collas, sino también como adversarios ambientales de los bolivianos. Al contrario de los colonos menonitas, que son aceptables porque encajan y no modifican el sistema que la élite creó.

Esta narrativa no es casual, sirve perfectamente para lavarse las manos de las terribles consecuencias de la deforestación que ellos causan, como el alto índice de neumonía en jóvenes en territorio cruceño¹⁰. 

Para finalizar, lo fatal, preocupante de este capítulo, nos revela con datos crudos y certeros que Bolivia hace de ojos ciegos y oídos sordos cuando se trata de la regulación de transgénicos, más aún cuando ellos llegan a manos del agro cruceño.

Los datos revelan, pues, primero, que los transgénicos no son sinónimo de más producción, que de hecho su uso incrementó la caída productiva de 3,7 toneladas a 2,88 toneladas en una década. 

El Estado boliviano no tiene ninguna ley que regule de forma verdadera y certera el uso de plaguicidas y transgénicos, permitiendo al menos 24 clasificados como potencialmente cancerígenos por instancias internacionales, ¿o será que los europeos son unos masistas?

Hasta 15 plaguicidas son totalmente prohibidos por otros países por su elevado riesgo a la salud, pero en Bolivia no se controlan, tal vez por el pacto implícito del Estado con el agro cruceño. Es algo que debemos duramente exigir y criticar, porque no solo destruyen la tierra, sino que envenenan nuestros cuerpos.

Al llegar al capítulo 5, nos encontramos con algo que, si bien ya se menciona en capítulos anteriores, este profundizará. Se dilucida cómo ayudan los mecanismos de disciplina que usa la élite cruceña para perpetuar su narrativa a través de la violencia exacerbada y el racismo estructural para decir qué es y qué no es ser cruceño y así tener la hegemonía de dicha construcción identitaria. 

La identidad cruceña prevalece por encima de cualquier otra identidad, sea de clase, de origen o de lucha política. Desviarse de este mandato acarrea una acción de disciplinamiento, en este caso transmitida por la vista de un grupo de jóvenes “defensores de la cruceñeidad”. 

Estos jóvenes, pues, serían un grupo paramilitar fundado y financiado por las familias que en capítulos anteriores fueron beneficiadas y acumularon su riqueza a costa del bolsillo de los bolivianos. Este grupo paramilitar es la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

La UJC, enajenada en su mayoría de su propia realidad, de origen étnico y clase, se moviliza contra todo grupo que sea anticruceño o anticamba, condenando todo lo que sea “colla”; resultando irónico y contradictorio, según las entrevistas que se realizaron para este capítulo, que las víctimas denuncien ser violentadas no solo físicamente, sino identitariamente, por personas iguales a ellas.

““Pero si los que nos vinieron a pegar eran morenos también”, me decían con asombro.”

Así pues, señala la autora, algo que, si bien los activistas antirracistas y anticolonialistas venimos denunciando años, cada vez se hace más evidente. El colonialismo interno, entonces, sí funciona como un aparato de enajenamiento y alineamiento con la élite cruceña, introduciéndose en la psique profundamente, llegando a hacer llamados públicos para “matar a los collas” que fácilmente podrían ser ellos. Todo bajo la consigna aspiracionista y meritocrática de algún día lograr ser como ellos, lo cual claramente el mismo sistema al cual pertenecen y respaldan nunca permitirá. 

Es necesario para este punto recalcar que esta violencia sistemática no se agota dentro de las fronteras de Santa Cruz, y que de hecho moldeó la identidad boliviana como tal. Algo que se desarrolla de mejor manera en el sexto y último capítulo. También podemos caer en la tentación de generalizar lo que es ser cruceño, algo que desde luego para los que no leyeron el libro fue útil para criticarlo, pero hay que acentuar que la autora nos advierte de esta limitación.

“Santa Cruz está compuesta por múltiples identidades que son complementarias, disidentes y complejas. La “identidad cruceña” que abordamos aquí no es, ni mucho menos, una representación de esa riqueza.”

Esto deriva en otra de las críticas más leídas en las redes sociales, que buscan anular las voces y letras de este libro: “un no cruceño no puede opinar sobre la cruceñidad”. En este pseudoargumento se encuentra la trampa que alega la propiedad de incluso la opinión sobre un asunto que nos concierne a todos los bolivianos. 

Nadie está exento de ignorar su propia realidad y procesos históricos, más aún cuando el sistema los enajena de los mismos, como pudimos ver a lo largo del libro. ¿O usted que lee esto, sabe qué es lo que pasó en Bolivia en 1899 o el 21 de agosto de 1971 de forma íntegra y objetiva? Pues, la verdad es que muchos no lo hacen, porque o no lo estudiaron o simplemente no les interesa. 

Aquí, los investigadores, los científicos, los activistas e intelectuales orgánicos juegan un papel fundamental para develar esta realidad a través de datos y análisis. Ante esto se debe hacer una advertencia crucial: no deben participar en la violencia simbólica de manera paternalista o controladora, indicando cómo deben avanzar en sus procesos de libertad, porque los pueblos oprimidos cuentan con sus propias pedagogías de liberación.

Esta violencia simbólica ejercida desde el capital cultural que paralelamente pudo acumular la élite cruceña se utiliza como adoctrinamiento para la defensa de esta narrativa. Esto se logra a través de la organización de espacios como la escuela cruceña y evitando sistemáticamente que en las universidades de la región no existan carreras de ciencias sociales y ciencias humanas, como la antropología, historia, entre otras. 

Además, esta élite refuerza su relato mediante medios de comunicación como EL DEBER, RED UNO y UNITEL, que emplean la agenda setting¹¹ para asegurar la perpetuación de su discurso. La autora señala algo que no es un secreto para nadie, pero se debe señalar de forma reiterativa y contundente siempre que se pueda frente al cinismo y falta de vergüenza de las élites.

Los propietarios de los principales canales de televisión y del periódico de mayor circulación están íntimamente ligados al empresariado soyero y ganadero y al sistema financiero.

Esto dilucida una vez más que el capital de poder que tiene la élite no se limita al capital económico, sino que esta es una pieza más en la estructura de poder que detentan. 

Está su banco, que le facilita dinero. Está la empresa de televisión que le produce la imagen que requiere tener de un tipo progresista, “un buen tipo”.

Desde el pensamiento crítico y la racionalidad básica, nos preguntamos si realmente debemos seguir consumiendo la información de estos medios o si debemos condenarla. Esta decisión es crucial en la lucha contra la desinformación que afecta a las nuevas generaciones. 

Algo que también nos invita a reflexionar este capítulo es cómo este proceso de adoctrinamiento directo e indirecto por parte de la élite se introdujo en la psique en esta suerte de colonialismo interno, algo que desde la teoría indianista fue denunciado y expuesto como el buen salvaje y el mal salvaje, que la autora llamará en el capítulo el “buen indio” y el “buen patrón”.

Este punto, que en Occidente también dejó una herida que está lejos de resolverse, devela que Santa Cruz no fue la excepción, indicando que los buenos indios eran aquellos domesticables, a las razones de la élite cruceña: “Tranquilos, cultos y religiosos”; Y los malos indios, salvajes y bárbaros aglutinados en hordas como animales porque se rebelaron frente a las injusticias y violencia desmedida depositada por los “buenos patrones” que, en su acto de benevolencia y alto sentimiento de bondad, acribillaban y violaban a indígenas.

Pero, ¿qué hizo de los indígenas y campesinos, “buenos indios” en realidad? Dentro de muchas hipótesis, podemos inferir que a estos pueblos sometidos no les quedaba otra que agachar la cabeza, prestarse para la servidumbre y hasta esclavitud para tan solo conservar su vida; aunque esta sea una constante de dolor y desgracia, era lo único que les quedaba. En otro sentido, no menos violento, la falsa promesa de ser algún día patrones. 

El cuento ficticio del mestizaje¹² sirvió principalmente para absorber conciencias mediante el aspiracionismo meritocrático y así usar a estos “mestizos” llamados cambas como fuerza de trabajo, pongueaje calificado y más aceptable para la sociedad cruceña de élite.

La autora, pues, nos señala dos pilares narrativos para perpetuar el mestizaje feliz: 

“El primer pilar de la narrativa fundacional es la imagen de un pueblo que se hizo a sí mismo, lejos del Estado, con trabajo propio y libertad. El segundo pilar es la idea de una colonización distinta, pacífica, menos violenta que la andina, donde españoles e indígenas lograron convivir en relativa paz, “todos contentos”, todos “cambas””.

Esta construcción narrativa fue impulsada desde tiempos inmemoriales por la intelectualidad racista y regionalista cruceña de la élite, como Gabriel René Moreno, un racista por excelencia, que hoy en día tiene el privilegio de que la universidad pública de Santa Cruz lleve su nombre, algo para nada casual¹³.

“…mancomunar el pensamiento de ambos autores, Antelo y Moreno, como hizo Humberto Vásquez-Machicado en su temprano estudio sobre “La sociología de Gabriel René Moreno” (1936). Según este criterio, ambos compartieron la misma visión racista, positivista y evolucionista de la sociedad” (Molina, 2025).

Esta simbología vanagloria a racistas confesos dentro de las instituciones académicas, las cuales deberían refutar dichas conductas no hizo más que reforzar el racismo estructural en el departamento, racializando así espacios públicos, donde, por ejemplo, existían determinadas aceras y espacios para cruceños distanciándolos de los cambas en la ciudad. Todo respondía al orden implantado por las élites cruceñas.

Esto, una vez más, lejos de ser un hecho aislado en Santa Cruz, es un síntoma nacional del cual se debe profundizar, y otro claro ejemplo es la universidad pública de la ciudad de Potosí, que lleva hoy en día el nombre del expresidente Tomás Frías, quien exterminó la propiedad comunal del ayllu en Bolivia con la “modernización” liberal que apela al individualismo.

Lo destacable de este capítulo es, tal vez, algo que los autores varones no nos animamos a mencionar, ya sea por falta de conciencia o por ver esta lucha como una otredad que debe ser abordada por las mismas mujeres. La violencia del colonialismo interno y la inserción violenta de estas narrativas se las llevaron, desde lejos, las mujeres indígenas. Esto no solo en Santa Cruz, ni solo en territorio nacional, sino en todo el mundo, como señala la intelectual feminista Rita Segato. 

El caso de las mujeres indígenas en Santa Cruz encaja perfecto con el cuento ficticio del mestizaje, ya que ellas serían quienes los procrearían; de ellas nacerían los hijos del patrón, quienes se convertirían en los bastardos idóneos para la sedimentación de la identidad camba.

La autora desarma y expone de forma sistemática este fenómeno atroz, citando a autores de la intelectualidad cruceña, donde se expone su racismo exacerbado, el machismo patriarcal que los rige y con ello la justificación atroz de semejante crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, lejos de que la situación de las mujeres mejore por llevar en su vientre a los hijos del patrón, esta nunca cambiaba y, en muchos casos, hasta resultaba “perjudicial”. 

En muchos casos, las propias víctimas del sistema fueron hasta las hijas “legítimas” del patrón, quienes, bajo el sistema patriarcal, eran expuestas a acostarse y perder la virginidad con la servidumbre. Sin lugar a dudas, un sistema que oprimió y oprime a las mujeres dentro de las razones y lógicas de la cruceñidad impuesta por la élite.

Estas prácticas impulsadas por el pacto patriarcal, lejos de extinguirse, siguen vigentes con fuerza en la sociedad; uno de los más claros ejemplos de ello es la reciente polémica de las fraternidades que contratarían “animadoras de fiestas” para sus reuniones de jueves en sus famosas parrilladas.

La autora, incisivamente, nos dice lo siguiente: 

“La simbología de estos espectáculos refuerza la cohesión social en torno a una identidad colectiva, pero también refuerza las jerarquías que existen por detrás: el pacto patriarcal a través de las fraternidades, la sexualización de la mujer mediante las reinas de belleza, la apropiación de lo indígena en la estética cruceña a través del tipoy y el sombrero.”

Antes de que los críticos levanten polvo sobre una supuesta doble moral, es necesario incitar a la autora a que pronuncie una postura sobre el caso de Evo Morales y las acusaciones de estupro ante niñas, algo que, sin duda, debe ser recriminado por los que queremos ver una sociedad libre de estas prácticas arcaicas y deshumanizantes.

Tocado ese punto sensible, el capítulo también nos señala cuál sería la “otredad” de la cruceñidad contemporánea de forma explícita, y aunque ya lo señalo en este escrito previamente, se recalca que serían los interculturales quienes atentarían contra la estructura y narrativa de las élites, siendo catalogados como “avasalladores”, “indios collas”, “salvajes” y “bárbaros a los cuales hay que exterminar”. 

Este enemigo creado dentro de su narrativa no es una casualidad, porque sirve perfectamente para implantar el discurso de defensa de “la tierra de los cruceños”. Asimismo, algunos suelen afirmar que en sus casas tienen empleadas indias a las cuales adoran y aceptan como parte de su familia, ignorando a propósito y conveniencia que no las aceptarían si no fueran, pues, servidumbre, porque, de otra forma, serían una “plaga” que “invade” cada día más “sus tierras” con “hordas indias”.

Esto, pues, genera, desde una mirada lógica y básica, que el alineamiento racial al que se someten las y los migrantes andinos se debe sobre todo a la subsistencia social para poder incluso comer dignamente. Porque, como diría la autora:

“El migrante es bienvenido cuando se convierte en parte del paisaje cruceño, cuando ya no se nota”. 

Dentro de esta lógica de alineamiento racial, se encarna de forma profunda la trampa del aspiracionismo y meritocracia de la élite cruceña, que, con falsas promesas, moldea y coloniza la mente de los migrantes, causando incluso el desprecio a sus propios orígenes. 

“La raza sigue pesando más que la plata”, comenta un activista amigo.

Dicha frase, corta pero potente, nos indica que, por más que puedas acumular grandes cantidades de capital económico, si apellidas Condori, Quispe, Mamani o cualquier apellido no reconocido por la élite cruceña, no eres nadie. Más, si eres de ascendencia colla, para ellos siempre serás un “indio de mierda”; con plata, sí, pero indio, al fin y al cabo.

El último capítulo arranca potente, desarmando, por ejemplo, la trampa narrativa de la élite que afirma que Santa Cruz no le debe nada a Potosí. Aunque, en términos generales, Santa Cruz nunca recibió una sola macuquina¹⁴ de la plata potosina, el mismo departamento de Potosí tampoco lo hizo. 

Todo ese mineral exportado por Potosí y Oruro fue a parar a Europa, dando paso a la verdadera acumulación originaria de capital. Europa no sería Europa sin la plata potosina, ya que estas macuquinas servirían para pagar las deudas que el reino español tenía con reinos de los países europeos. Esta plata, entonces, se podría decir que financió construcciones como el Big Ben. 

Si bien Santa Cruz no vio plata potosina, se benefició de la mano de obra barata o incluso esclavizada de los pueblos indígenas obligados a migrar a este departamento¹⁵. Esto mediante el sistema de enganche que mencionan los autores, el cual permitía a los patrones apoderarse de la vida misma de los indígenas generacionalmente mediante deudas imposibles de pagar.

También recurren al concepto zabaletiano, que me encanta, de la forma primordial, que nos ayuda a entender cómo el sistema extractivo generacional de nuestra época, el agronegocio, forma el conjunto de la vida social de los bolivianos, tal y como pasó con el estaño y la plata en su momento. 

El Estado, por ejemplo, financió la red ferroviaria en el país, como exponen los autores, y esta no estaba destinada al uso civil, sino al comercio puro y directo de mineral, del cual los más beneficiados serían los varones del estaño en su tiempo. Esta inversión dejó una inmensa deuda que nunca la asumió la élite minera. Incluso, previo a 1911, este sector estaría exento de impuestos directos a las utilidades, algo que, hoy en día, no se aleja de la realidad con el sector minero aurífero, que no llega a tributar ni el 3% a impuestos nacionales. 

A este punto del libro, recién se señala la ley de desvinculación de tierras promulgada en 1874 por el expresidente Tomás Frías, arrojando un dato escalofriante que siempre es necesario recalcar:

“La Ley de Exvinculación de 1874 eliminó jurídicamente a las comunidades indígenas. Entre 1881 y 1899, el despojo alcanzó a aproximadamente 75.000 familias comunitarias, reemplazadas por entre 600 y 700 hacendados. Poco más del 4 % de la población pasó a controlar más del 60% de la tierra agrícola, mientras la mayor parte de la población rural quedó reducida a servidumbre en haciendas construidas sobre sus propios territorios ancestrales”.

Entonces, se puede afirmar con estos datos que Santa Cruz no fue un caso particular y aislado de colonialismo interno extremadamente racista y violento; es un rasgo de hecho que a todos los bolivianos nos aqueja en diferentes medidas. Siendo así, los más destacables y notorios, en mi opinión, los de Santa Cruz y Potosí. 

Pero, ¿qué pasaba en Santa Cruz mientras la minería seguía manteniendo el monopolio productivo previo a las reformas del 52? Los autores nos indican que se sostuvo un “pacto oriental” con una suerte de “vista gorda” a las arbitrariedades y crímenes de lesa humanidad que cometían los patrones de las grandes haciendas orientales.

«El Estado garantizaba a las élites orientales control territorial casi absoluto a cambio de rentas fiscales cuando las había y, sobre todo, a cambio de la no disputa del poder político nacional (Orsag Molina, 2021)».

Sin la detentación del poder por los hacendados orientales, el gobierno de la oligarquía en Occidente vivía tranquilo. Pero detentar el poder para los hacendados no era, pues, una prioridad, ya que las tierras que consideraba vacías y sin vida arbitrariamente el Estado central, pasaban a ser pequeños feudos gobernados con sus propias leyes, configurando la forma de vida de sociedades indígenas nativas a sus propias necesidades. 

Un 21 de agosto se consumó el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, donde se profundizaría el cambio de matriz económica, con la promesa de la productividad de Oriente, que en realidad fue la “ilusión agrícola” a la cual nunca llegamos. Es necesario recalcar que el ascenso del agronegocio de la élite cruceña creció en gran medida a la renta minera de Occidente, desmantelando el sistema minero estatal que, hoy en día, es el mayor generador de divisas del país, siendo, nuevamente, Potosí, el sostén nacional¹⁶.

La diferencia de casi 1.000 millones de dólares en exportaciones en minería potosina reafirma que la “ilusión agrícola” no solo defenestró nuestro sistema minero estatal a sus costillas, sino que sencillamente no funciona. Al menos no con el modelo de la élite cruceña.

Lo alarmante y oportunamente denunciado en este capítulo es el beneplácito y búsqueda del aval del empresariado de la agroindustria que tuvieron el conglomerado de candidatos a la presidencia en las elecciones 2025, pues sin este poder económico por detrás sería difícil gobernar el poder estatal. 

Este aval no sería gratis. Sobre todo, sería a cambio de buscar nuevamente quedarse con el excedente económico que podría tener el Estado. Zabaleta llama esto “la querella por el excedente”, término oportunamente rescatado por los autores. Da como ejemplo la situación que pasó con el estaño en el gobierno del tío abuelo de Rodrigo Paz, Víctor Paz Estenssoro. Hoy ese problema se estaría repitiendo con el gas natural.

Se hace hincapié en la “querella por el excedente” porque el excedente económico que generó el gas natural apalancó y benefició de forma estructural a la agroindustria, sobre todo en el gobierno de Evo Morales, donde ese excedente sería utilizado para la subvención de más de 200 millones de dólares anuales en diésel.

«[…] subsidios por más de 200 millones de dólares anuales en diésel; […] concentra el crédito bancario —ocho empresas capturan el 63 % del financiamiento del sector— […] mientras la incidencia de pobreza pasó del 37,2 % al 44,7 % entre 2019 y 2025 (INE, 2026), el sistema financiero registró utilidades históricas: 2.670 millones de bolivianos en 2024, con un crecimiento interanual del 27 % (ASFI, 2025). El capital financiero, lejos de compartir los costos de la crisis, los ha capitalizado».

Mientras los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. El sistema y cuotas de poder prebendal funcionan siempre en interés del monstruo que creó el plusvalor de los trabajadores bolivianos. El agronegocio.

Los índices de pobreza multidimensional que presenta el libro son desgarradores y contundentes, demostrando que el 66% de las personas que residen en Santa Cruz sufren de carencias combinadas, desde el desempleo hasta el acceso a servicios básicos y seguridad social, esto por encima de ciudades como El Alto, principal ciudad antagónica de la cruceñidad.

Menciono este antagonismo regional para demostrar que la narrativa instaurada de la élite cruceña dividiendo a los bolivianos entre los “bloqueadores” y los “productivos” es una falacia de grandes magnitudes, viendo claramente que, en la ciudad de El Alto, los índices de pobreza multidimensional están por debajo de esta “ilusión agrícola”. El libro detalla y explica esto de forma muy acertada y correcta.

Esta plataforma discursiva, de los “bolivianos bloqueadores” que aglutinan a las “hordas indias, salvajes e ignorantes” y la de los “bolivianos trabajadores en busca del progreso” que aglutinan a las familias corporativizadas de la élite cruceña, es hábilmente difundida por los medios de comunicación tradicionales más grandes del país, los cuales les pertenecen, como ya vimos antes. 

Las insurgencias sociales por el agua y gas a principios de la década de los 2000 fueron la respuesta de un proceso de acumulación de indignación frente a estas prácticas deshumanizantes y plutocráticas. Las condiciones subjetivas de la sociedad, pues, estarían a flor de piel, y las condiciones materiales permitirían tomar el poder del Estado. Algo que la actual coyuntura hace probable que vuelva a ocurrir.

Para concluir, el libro, lejos de ser una crítica visceral sacada de trasnochados chaquis pseudointelectuales, expone de forma sistemática y contundente el sistema del colonialismo interno operante dentro del departamento de Santa Cruz. Utiliza mecanismos narrativos racistas, deshumanizantes y patriarcales para construir una identidad impuesta por un conglomerado de familias que se beneficiaron de la concesión de tierras, el financiamiento del Estado y cooperaciones internacionales. 

La crítica que le hago al libro es constructiva. Veo que se puede caer en la tentación de creer que la creación de la identidad en Santa Cruz es aislada y ajena a las identidades en diferentes regiones del país. Sin embargo, la identidad misma boliviana fue construida con los mismos mecanismos, claro, a mayor escala. También debemos preguntarnos por qué este libro no menciona los casos de la concesión crediticia que se realizó a los hijos del expresidente Luis Arce Catacora, o el caso del abuso a menores del oriente por parte del expresidente Morales. Estas críticas, lejos de negar o desacreditar lo que dice el libro, tratan de reforzar la objetividad del mismo. 

Por último, escribo la reseña por dos importantes motivaciones: la primera y fundamental es la democratización de la información, de tal forma que sirva para socializar los datos con la población que no tiene hábitos de lectura¹⁷. Sin embargo, esto no debe sucumbir a la tentación de reducir el debate a un par de párrafos en Facebook. La segunda, demostrar una vez más con datos que el racismo estructural en el colonialismo interno es una sociedad dicotómica por naturaleza; en su heterogeneidad y profundo abigarramiento, el mismo está más vigente que nunca frente al fortalecimiento de las élites de poder.

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1. Documentos entre planos y mapas de diversas zonas de los orientes de Bolivia que datan de 1950, pertenecientes a Ciro Felix Trigo, exministro de Agricultura, Ganadería y Colonización. ↩︎
2. Entiéndase q´ara  desde la traducción real: pelado; q´ara es el pelado de identidad. No tiene nada que ver con el color de piel, ni se debe a una suerte de “racismo inverso”, el cual no existe. Se puede revisar el libro: «El Tupac Katarismo Revolucionario: Raza, Clase y Revolución», y también revisar entrevistas de Wankar Reinaga y Felipe Quispe. ↩︎
3. Revísese (P. Freire, Pedagogía del oprimido). ↩︎
4. Así, se presentarán ejemplos a lo largo del libro sobre cómo se institucionaliza en el Estado el racismo estructural. ↩︎
5. Revisar la página 105 del libro Santa Cruz S.A.: lista de concesiones a tierra en Santa Cruz. ↩︎
6. Revisar la página 105 del libro Santa Cruz S.A.: lista de concesiones a tierra en Santa Cruz. ↩︎
7. Los commodities (o materias primas) son bienes básicos y uniformes que se extraen, cultivan o producen a gran escala. No tienen marcas ni diferencias de calidad complejas, por lo que su precio se fija de forma global en los mercados según la ley de oferta y demanda. ↩︎
8. Revisar el libro “Los desposeídos” de Daniel Bensaid. Explica cómo los pobres quedaron desposeídos de la leña que recolectaban del piso para cocinar tras la privatización de bosques, donde muchas veces eran ajusticiados por “robar madera”. ↩︎
9. Las logias cruceñas, lejos de ser una orden de estudio filosófico, son grupos corporativos de poder que se dedican a concentrar y ejercer poder para mantener sus privilegios. ↩︎
10. Revisar la página 174 del libro Santa Cruz S.A.: Agronegocio y mito empresarial. ↩︎
11. La agenda setting (o establecimiento de la agenda) es una teoría de la comunicación que postula que los medios de comunicación no le dicen a la gente qué pensar, sino en qué pensar. ↩︎
12. El mestizaje es un ficto: las razas humanas no existen, por lo cual no puede haber un mestizaje entre ellas. La ciencia biológica lo corrobora. Revisar el libro: «En Bolivia no existe racismo, indios de mierda» del autor Carlos Macusaya. ↩︎
13. Revisar artículo de Fernando Molina en La Razón titulado: «Nicomedes Antelo, ¿precursor del racismo científico?» ↩︎
14. Una macuquina es una moneda colonial de plata fabricada en la casa de moneda de la ciudad de Potosí de forma artesanal a golpes de martillo entre los siglos XVI y XVIII. ↩︎
15. Revisar página 256 del libro Santa Cruz S.A.: Agronegocio y mito empresarial. ↩︎
16. Potosí registró para 2025 una suma de 2.819 millones de dólares en exportaciones, superando ampliamente al departamento de Santa Cruz, que llegó a exportar 1.926 millones de dólares. ↩︎
17.  El estudio llevado por el IISEC de la UCB en 2022 revela que los bolivianos apenas leen un libro al año; también señala de forma contundente que las ciudades que más leen son La Paz y Cochabamba con un 60% frente a la ciudad del Alto con un 56% y, por último, Santa Cruz con un 49% de sus poblaciones. ↩︎