Alejandra Góngora Valdivia
Volví de la Amazonia hace ya algunos días y todavía no termino de procesar lo que vi. Hay lugares que no se quedan quietos dentro de uno. Que siguen moviéndose aunque ya estés de vuelta en la ciudad, aunque ya estés sentada frente a una pantalla.
Era una invitada a la inmensidad. Un santuario de observación, donde el lujo principal fue encontrarme con plantas alucinantes, animales impresionantes que no fueron obligados a salir de su hábitat por un capricho humano, sino que permitieron nuestra presencia. Caminando con el respeto que los guías nos inculcaron a cada paso. La curiosidad me llenaba el alma: buscando, escuchando, preguntando para qué utilizaban el palo diablo, cómo existía la cocina medicinal, entendiendo que viajar es totalmente político. Que todo ese respeto que le tenía a la Amazonia cargaba una deuda pendiente con el hogar que realmente nos sostiene a todos, y que muchas veces habíamos olvidado.
El Madidi es eso. Un lugar donde la biodiversidad no es un concepto sino algo que te roza, que te observa, que respira a dos metros de tu cara. Más de mil especies de aves. Ecosistemas que van de los Andes hasta la llanura amazónica sin pedir permiso. Mi cuerpo tembloroso compartía de forma colectiva una manera de asombrarse ante cada rastro de vida, agradeciendo cada palabra de quienes cuidan Santa Rosa de Yacuma, el Madidi, con tanto amor, la comunidad tacana y otras comunidades que protegen esos territorios.
Vi tanta vida en su estado más puro que por un momento me di cuenta de que yo había visto esas criaturas en documentales o láminas en la escuela, despojadas por completo de su esencia. Y es entonces cuando te preguntas: ¿cómo se supone que vas a cuidar lo que más te necesita si no eres capaz de ver su capacidad de simplemente existir? Si no logramos entender que son ellos quienes más aportan al orden de la vida que nosotros mismos.
Pedro lleva más de treinta años guiando en esa selva. Pero «guiar» es una palabra demasiado pequeña para lo que hace. Lo que Pedro hace es traducir. Traduce el bosque para quien llega sin saber escucharlo. Explica cómo se cosecha el cacao, cómo se hace chocolate desde la semilla, para qué sirve cada planta, qué quiere decir el sonido que viene del río antes de que llueva. Todo eso que no está en ningún libro – o que está, pero muerto- en él vive y camina. Ha visto quemarse lugares que eran bosque. Lo dice con una calma que no es resignación. Es la certeza de quien sabe que tiene razón y que el tiempo, aunque lento, también trabaja.
La selva siempre tiene un regalo extra. Justo cuando navegábamos encontramos a un jaguar majestuoso, era adolescente aún, con astucia y firmeza nos decía que ese era su territorio. El Madidi te cambia y te hace querer volver, no solo por lo que viste, sino por el deseo profundo de proteger ese latido tan puro que, lastimosamente, aún está en peligro.
Se aprende a escuchar la selva. No desde una mirada extractivista, ni solo desde los libros. En silencio, caminando junto a los que siempre la caminaron. En la noche, navegando en bote entre caimanes, aves y delfines rosados. Tomando agua directamente de un árbol. Deteniéndose cada tanto, sin razón aparente, porque Pedro se detuvo y eso significa que hay algo que ver.
Los animales no entienden de política, pero viven o mueren por nuestras decisiones. Los delfines rosados antes nadaban en libertad. Hoy sobreviven entre mercurio y redes ilegales, por el extractivismo de las grandes empresas. Si muere la Amazonia, no habrá discurso que nos salve.
Las comunidades no visitan estas tierras. Las habitan. Y en esa diferencia- pequeña, enorme- se juega todo lo que está en disputa.
En el Territorio Indígena Tacana I, al norte de La Paz, las mujeres de sus 23 comunidades llevan años construyendo algo que el mercado no sabe cómo nombrar bien: una economía que no destruye lo que sostiene. Plantas medicinales que se convierten en jabones, plátano en harina, coco en aceite, cacao silvestre en chocolate, semillas en artesanías. Todo desde una lógica que el pueblo tacana recoge en su propio Plan de Vida: habitar la naturaleza sin agotarla.
Esto no es folclore. No es turismo étnico para consumo externo. Es una decisión política sobre qué tipo de mundo se quiere reproducir.
Son unas 3.500 mujeres las que sostienen este entramado. Mujeres que en 2023 vieron cómo los incendios arrasaban bosques maduros y cultivos. Que lidian con sequías cada vez más intensas. Que no salieron en las noticias mientras el humo de la Chiquitania se robaba el color del cielo amazónico. Y que, a pesar de todo, persisten. Su modelo llegó incluso a Berlín en 2025, reconocido internacionalmente por integrar producción local, saberes tradicionales y conservación. Un reconocimiento ganado a pulso, no desde una vitrina sino desde la vida misma.
Hay una resistencia que no necesita pancartas para existir. Que vive en las manos que tejen, en los pies que conocen cada trecho del bosque, en los cuerpos que decidieron quedarse y sostener lo que otros querrían convertir en mercancía.
La Amazonia boliviana es también eso: un territorio en disputa permanente. La frontera agrícola que avanza quemando. La minería ilegal que envenena ríos y desplaza comunidades enteras. Y en abril de 2026, un nuevo frente que llegó vestido de ley.
La Ley 1720, promulgada el 10 de abril por el presidente Rodrigo Paz durante un acto con empresarios agroindustriales de Santa Cruz, el mismo día en que comenzaba la marcha, permitía convertir una pequeña propiedad titulada en mediana propiedad mediante un trámite administrativo gratuito, resuelto en diez días hábiles. El gobierno salió a explicarla: acceso a crédito, modernización, libertad del sector rural para financiar su desarrollo. El presidente habló de «falsos discursos» y de quienes engañan a la gente para movilizarla.
La neutralidad técnica es, en sí misma, una posición política.
La Constitución protege la pequeña propiedad como patrimonio familiar inembargable, indivisible, que no puede venderse ni embargarse. La Ley 1720 permitía que esa condición se modifique por la ventanilla del INRA, sin intervención judicial. Y, además, posterga por hasta diez años la verificación de que la tierra efectivamente se trabaja, ese mecanismo que existe precisamente para evitar que se acumule sin producir nada. En un movimiento: una propiedad campesina protegida constitucionalmente se convierte en activo hipotecable, y el Estado mira para otro lado durante una década.
La supuesta voluntariedad de la conversión es relativa cuando la precariedad empuja. Cuando el crédito se ofrece como única salida y la deuda como única puerta. En Santa Cruz, el 75% de la superficie reconocida como pequeña propiedad está bajo control del sector ganadero. Los mismos grandes propietarios son accionistas de los bancos que ofrecerán esos créditos. El chiste, como siempre, se cuenta solo.
La ley lleva el nombre de Branko Marinkovic en las calles, no en el papel. El senador, terrateniente y empresario sojero, fue quien la impulsó desde la Asamblea. El mismo cuya familia recibió irregularmente 33 mil hectáreas mientras él era ministro de Economía del gobierno de Áñez. Las mismas que el Tribunal Agroambiental anuló en 2023 y devolvió al Estado. Ese es el cuerpo que hoy ejecuta la privatización desde adentro. No como anomalía. Como continuidad.
Quienes defienden la ley son los mismos que concentran el poder y ahora también habitan el Estado. Era de esperarse. El Estado nunca fue neutral. Fue siempre el instrumento de quienes más tienen para proteger lo que tienen. Lo que cambia de época en época es el grado de descaro con que se enuncia.
El Convenio 169 de la OIT es claro: toda medida legislativa que afecte directamente a pueblos indígenas exige consulta previa, libre e informada. La propia Constitución boliviana lo garantiza. No son letra muerta. Son derechos que este gobierno decidió ignorar con la velocidad de quien sabe que si pregunta, la respuesta será no.
Entonces los cuerpos se pusieron en movimiento. Porque a veces la única forma de hacerse escuchar es aparecer físicamente donde el poder opera y negarte a irte.
La marcha salió el 8 de abril desde Cobija, Pando, al mismo tiempo que Paz firmaba la ley en Santa Cruz. Familias enteras: mujeres, hombres, jóvenes, niños, wawas. Aproximadamente 1.100 kilómetros entre el calor amazónico y el frío del altiplano, atravesando pisos ecológicos que cambian el cuerpo, la respiración, el ritmo. Más de 65 marchistas atendidos por brigadas médicas antes de entrar a La Paz. El cambio brusco de clima, la altitud, semanas sin dormir bien. Y aun así, el 4 de mayo, llegaron.
Avanzaron por Chuquiaguillo, Villa Fátima y Miraflores hasta el centro paceño. Algunos sectores los recibieron con alimentos, agua y abrigo. Una universidad pública les cerró las puertas. El gobierno nunca instaló una mesa directa con los marchistas. Mientras Paz hablaba de «diálogo y consenso», los cuerpos que habían caminado un mes seguían en vigilia alrededor de la Asamblea. «Con nosotros no hay ningún acuerdo», declaró Carmelo Arce, representante de los movilizados.
Hubo quienes dijeron que fueron engañados. Que alguien los manipuló. Que cómo iban a saber, viniendo de donde vienen. La misma condescendencia de siempre, con la misma función de siempre: despojar de agencia política a quienes incomodan cuando la ejercen. El colonialismo interno no murió con ninguna reforma agraria. Mutó. Aprendió a usar palabras como «desinformación» y «manipulación» donde antes usaba otras más brutas.
Diversas organizaciones sociales se articularon para recibir a los marchistas, para sostener esa lucha desde la ciudad. La Central Obrera Boliviana declaró paro general indefinido el 1 de mayo. No como caridad. Como reconocimiento de que esa pelea también era la propia. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Eso también es una forma de conocimiento que pasa de generación en generación.
Vivian Palomeque, ejecutiva de la región Vaca Díez, lo dijo con una sencillez que no necesita traducción: «Toda la vida de pie, nunca de rodillas. Hasta que no se abrogue la Ley 1720, no nos iremos.»
Hay declaraciones que son programas políticos. Esa es una.
El 9 de mayo, Diputados aprobó la abrogación. El 11, el Senado también, con modificaciones. El 13, Diputados sancionó el texto final. El 14 de mayo de 2026, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1731: la Ley 1720 fue abrogada. Había durado exactamente 33 días.
Paz lo presentó como «resultado del diálogo». Firmó mientras los marchistas seguían en vigilia alrededor de la Asamblea. Nunca se sentó con ellos. Nunca hubo mesa directa. Pero la ley cayó igual.
Una victoria caminada paso a paso, kilómetro a kilómetro, desde la selva hasta los Andes. Hoy lo recordaremos todos. Pero sobre todo lo recordará Branko Marinkovic.
Y sin embargo, lo que se abrogó es una norma. Lo que permanece es el modelo que la engendró. El parlamento tiene 60 días para construir un nuevo marco normativo con «consensos técnicos y sociales» —la misma frase que usó para vender la ley que acaba de enterrar. La Fundación Tierra ya advirtió que esta no iba a ser la última iniciativa orientada a abrir la puerta al fraccionamiento de territorios colectivos. El horizonte no se cierra con una victoria parlamentaria.
Desde la Amazonia hasta los Andes, los marchistas son recibidos con pescado de río, yuca y plátano. Con lo que la tierra da. Con lo que la comunidad guarda para los que vuelven.
La defensa del territorio es un deber de cada persona que habita esta tierra, pero no como un eco aislado, sino desde la conciencia ambiental, social y política. Las luchas se unen. Desde la marcha indígena que salió de sus territorios hasta La Paz, hasta todas las movilizaciones que existen actualmente en Bolivia, el descontento es muy válido e importante ante un gobierno que elige repetidamente vulnerar nuestra dignidad y nuestro territorio. Los bloqueos, la clase trabajadora que se organiza, las luchas que confluyen: no son casos aislados. El punto de encuentro es una vida digna.
Lo que Pierre Bourdieu llamaría el habitus, esa manera incorporada de estar en el mundo, de percibir y actuar que se construye desde la experiencia colectiva, representa aquí a una clase trabajadora boliviana que se construye desde una dialéctica propia. Compartimos la lucha anticolonial latinoamericana, la dignidad de los pueblos, la Amazonia sudamericana que resiste. Pero hay algo específicamente boliviano en cómo se resiste: en cómo el cuerpo se pone en movimiento, en cómo la comunidad sostiene lo que el individuo no podría solo, en cómo el territorio no es un recurso sino una forma de ser.
Existe algo que el extractivismo no puede extraer: el conocimiento que vive en los cuerpos. La memoria de cómo crece el cacao. El nombre de la planta que cura. El sonido que hace el río antes de la lluvia. La ruta que siguieron los abuelos. Eso no está solo en los libros. Está en los pies que caminaron la selva, en las manos que tejieron, en los ojos que aprendieron a leer el bosque en silencio.
El capitalismo necesita que la tierra sea un activo, que el conocimiento sea una patente, que el río sea un recurso explotable. Lo que resiste en la Amazonia —en el bosque que todavía está de pie, en las mujeres tacanas que sostienen su economía propia, en los marchistas que llegaron hasta La Paz— es una concepción de la existencia que no necesita el mercado para justificarse. No la propiedad, sino la pertenencia. No la extracción, sino el cuidado. No el individuo, sino la comunidad.
Y en esa resistencia hay algo que roza lo maravilloso. Un jaguar adolescente que te mira con astucia y firmeza desde su territorio. Delfines rosados en la noche amazónica. Agua tomada directamente de un árbol. La selva que respira. La selva que —gracias a los pies que resisten— quizás siga estando.
