Rosa Elena Quiroz
«Recibo esta misión con serenidad, firmeza, coordinación y sentido de urgencia», fueron las palabras con las que Ernesto Justiniano abrió el discurso con el que juraba como nuevo Ministro de Defensa el pasado 3 de junio. Enfatizó en las dificultades que enfrenta la población frente a los bloqueos de carreteras, la falta de alimentos y suministros, y la necesidad inmediata de regresar a la normalidad. A poco más de dos semanas de ese discurso, los bloqueos cumplen 50 días desde su instalación, sin negociaciones concretadas y con fuertes críticas de varios sectores al gobierno por inacción.
Ernesto Justiniano Urenda no responde al molde del político típico que construye una carrera alrededor de una idea o de un proyecto partidario propio. Su trayectoria está marcada por el tránsito entre distintos espacios de poder y por una constante: mantenerse vinculado al Estado, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad, la comunicación y la lucha antidrogas. Su recorrido parece una sucesión de alianzas y reposicionamientos que le han permitido permanecer cerca de quienes ocupan los principales centros de decisión del país.
Pocos dirigentes bolivianos pueden exhibir un itinerario político tan amplio. Justiniano inició su carrera en el entorno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), y con el paso de los años, terminó vinculado a los tres principales referentes de la última disputa presidencial boliviana: Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Rodrigo Paz. Es decir, mientras las candidaturas competían entre sí por la silla presidencial, Justiniano ya había pasado por los proyectos políticos de todos ellos.
Fue candidato municipal por el MIR, un partido que nació con un discurso de izquierda, pero que terminó integrando el Acuerdo Patriótico junto a Hugo Banzer. Posteriormente estuvo vinculado a PODEMOS, la plataforma de Tuto Quiroga; más tarde a Unidad Nacional, el partido de Samuel Doria Medina; y finalmente al gobierno de Rodrigo Paz. El recorrido no solo evidencia el paso por distintas siglas, sino también por proyectos con historias, discursos y electorados aparentemente diferentes. El hilo conductor de esa trayectoria no parece ser una identidad ideológica claramente definida, sino una presencia constante alrededor de distintos liderazgos políticos.
En la trayectoria de Justiniano, la lucha contra el narcotráfico se convirtió en uno de los ejes recurrentes de su actividad pública. Durante la primera gestión del gobierno de Evo Morales, ejerció como diputado uninominal por PODEMOS y se destacó principalmente por denunciar incrementos en los cultivos de cocaína y problematizar la ausencia de la DEA en el país. Desde sus responsabilidades como viceministro y posteriormente como ministro, impulsó el restablecimiento de mecanismos de cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Según informó Reuters, el gobierno de Rodrigo Paz reactivó la coordinación operativa con la agencia estadounidense después de 17 años de interrupción, retomando mecanismos de cooperación en materia de seguridad. En paralelo, una entrevista concedida por el propio Justiniano a The Associated Press señaló que Bolivia ya había restablecido el intercambio de información con la DEA y que se desarrollaban tareas de capacitación, evaluación de integridad y verificación de personal, mientras se avanzaba en la formalización del nuevo esquema de colaboración.
Sin embargo, la sensibilidad que aún despierta la DEA en Bolivia está lejos de explicarse únicamente por razones ideológicas. También está ligada a una memoria de conflicto construida alrededor de las campañas de erradicación de coca de las décadas de 1980 y 1990. Para las organizaciones cocaleras, esas políticas tendieron a borrar la diferencia entre el pequeño productor y el narcotraficante, tratando a comunidades enteras bajo una lógica de sospecha permanente. El episodio más recordado es la masacre de Villa Tunari de 1988, donde un operativo antidrogas terminó con la muerte de varios productores de coca. Este hecho consolidó en la región la percepción de que la lucha contra las drogas había terminado afectando también a campesinos cuya actividad no estaba necesariamente vinculada al narcotráfico.
En ese contexto, no pasó desapercibido que el retorno de la cooperación con la DEA fuera anunciado por Justiniano en mayo de 2026 desde la Casa Blanca. Más allá de los alcances operativos del acuerdo, el escenario elegido para el anuncio y el simbolismo asociado al regreso de la DEA reabrieron un viejo debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y el papel que Estados Unidos debe o no desempeñar dentro del país.
La llegada de Justiniano al Ministerio de Defensa, en medio de la mayor crisis política y social del gobierno de Rodrigo Paz, terminó por dar continuidad a esa misma línea. Su designación tampoco parece neutra: se trata de una figura cuya carrera ha estado estrechamente ligada a la agenda antidrogas y a las políticas de seguridad. No sorprende, entonces, que sus primeras declaraciones sobre los bloqueos hayan recurrido a conceptos como “componentes transnacionales”, “financiamientos oscuros” y “amenazas al orden público”. La elección del lenguaje no es menor. El conflicto comienza a ser presentado desde una lógica de seguridad. Y la elección de Justiniano parece formar parte de esa misma narrativa.
Su presencia en la esfera pública tampoco se limita a la función estatal. El nombre de Justiniano está asociado a la dirección de Eju.tv —siglas de Ernesto Justiniano Urenda—, uno de los portales digitales de mayor alcance en Bolivia. Esa faceta también estuvo marcada por una controversia. En 2016, una veintena de medios nacionales —entre ellos El Deber, La Razón y Página Siete— emitieron un pronunciamiento conjunto denunciando la reproducción no autorizada de notas, audios y videos producidos por sus redacciones.
El episodio trascendió la discusión sobre derechos de autor. Para los medios de comunicación involucrados, la controversia ponía en ciestionamiento el valor del trabajo intelectual, el respeto por la producción ajena y las reglas mínimas sobre las que se sostiene el oficio periodístico. Años después, ese antecedente forma parte de la trayectoria pública de una figura que regresó al centro del poder y que hoy ocupa una de las carteras más sensibles del Estado. El contraste llama la atención: quien actualmente tiene la responsabilidad de resguardar el orden institucional estuvo vinculado en el pasado a una práctica que un sector importante de la prensa boliviana cuestionó precisamente por apartarse de esas mismas reglas.
Otro elemento que contribuye a perfilar su figura es su patrimonio declarado. Según su declaración jurada de 2026, Justiniano registra 52 bienes, activos valorados en 8.831.947 bolivianos, deudas por 1.580.543 bolivianos y rentas anuales por 492.640 bolivianos.
A lo largo de más de dos décadas, cambiaron los gobiernos, las alianzas, las narrativas y hasta los adversarios políticos. Cayeron presidentes, se fragmentaron partidos y se reconfiguró el mapa del poder en Bolivia. Justiniano, sin embargo, siguió ahí. Tal vez la mejor manera de entender su trayectoria no sea buscar una línea ideológica invariable, sino observar una constante mucho más simple: mientras los jefes cambian, Ernesto Justiniano siempre encuentra la forma de permanecer.
