La ausencia de contenidos educativos y testimoniales en plataformas digitales perpetúa los prejuicios que bloquean el acceso al empleo formal para la comunidad transgénero en Santa Cruz, Bolivia.

Yahir Paniagua

Darling tiene 37 años y trabaja en la recepción de un residencial en Santa Cruz, Bolivia. Recibe a los huéspedes, registra ingresos y atiende consultas. Es la primera persona que ven quienes cruzan la puerta. Cuando termina su turno, vuelve sola a su habitación. Vive sola. Divide sus días entre el trabajo y controles médicos frecuentes porque su salud es delicada debido a secuelas derivadas de adicciones que atravesó en el pasado.

Fue expulsada de su hogar a los 13 años. La ruptura temprana con su familia marcó el inicio de una trayectoria atravesada por la exclusión. Sin respaldo familiar ni estabilidad educativa, acceder a empleo formal se convirtió en un proceso reiterado de rechazo.

El informe «Desiguales ante la ley: Resultados y análisis de la primera encuesta virtual para personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género en Bolivia», elaborado por la Defensoría del Pueblo, identifica que la discriminación en el acceso al empleo es una de las vulneraciones más reportadas por personas con diversa orientación sexual e identidad de género en el país. La experiencia de Darling se inscribe dentro de ese patrón estructural.

En entrevistas laborales, la evaluación no giraba únicamente en torno a su experiencia o habilidades. Su identidad era puesta en cuestión antes que su capacidad profesional. En uno de esos intentos por ser contratada, decidió modificar su apariencia para ajustarse a expectativas implícitas del entorno laboral.

“Me corté el pelo para tener ese trabajo y me dolió mucho”, recuerda. El dolor no fue físico. Fue simbólico. El cabello representaba una parte central de su construcción identitaria. Aun así, el empleo no llegó. La exigencia de adaptación estética funcionó como filtro, no como oportunidad.

En otro proceso de selección fue objeto de burlas y, en una evaluación psicológica, la calificaron como “enferma”. El informe Acceso a la Justicia de Población LGBTIQ+ en Bolivia (2025), del Observatorio de los Derechos LGBT, advierte que persisten obstáculos estructurales que dificultan la investigación y sanción de vulneraciones a los derechos de esta población, lo que permite que prácticas discriminatorias en espacios institucionales continúen sin consecuencias efectivas.

Ante el cierre reiterado de oportunidades formales, Darling ejerció trabajo sexual entre los 13 y los 19 años. Para ella no fue, dice ahora, una decisión libre, sino una consecuencia directa del rechazo laboral: “No nos dejaban ni lavar un plato”, afirma. La frase expone la magnitud de la exclusión, incluso los trabajos más básicos le fueron negados.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la Ley 807 reconoce el Derecho a la identidad de género. Sin embargo, el documento Derechos Humanos de la Población LGBTI de la Comunidad de Derechos Humanos señala que persisten brechas entre el reconocimiento normativo y el ejercicio real de derechos, especialmente en ámbitos como el trabajo.

La historia de Darling revela esa distancia entre ley y realidad. Mientras en redes sociales circulan discursos abstractos sobre inclusión, en la práctica muchas mujeres trans continúan enfrentando exigencias estéticas, humillaciones en entrevistas y barreras estructurales para acceder a un empleo digno. La identidad de género no limita su capacidad profesional; lo que limita sus oportunidades es el prejuicio que aún estructura el mercado laboral boliviano.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de su autora u autor y no reflejan necesariamente la posición institucional de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, ni de la DW Akademie.

Este contenido fue elaborado en el marco del proceso de capacitación y mentoría “Narrativas Diversas 2.0”, orientado a promover la igualdad de género y la inclusión a través del periodismo constructivo, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en articulación con la DW Akademie y en el contexto del proyecto ProIgualdad.