Yonathan Cazo
La situación de las personas de la comunidad LGBTQ+ privadas de libertad es de las más invisibilizadas en Bolivia, y aún más en el caso de las mujeres trans que se encuentran en esta situación. La falta de datos oficiales sistematizados por parte del Estado que den a conocer la cantidad de mujeres trans en centros penitenciarios obstaculiza el diseño de políticas públicas diferenciadas en las cárceles.
Pese a que la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona la discriminación por identidad de género, las condiciones dentro del sistema penal boliviano son tierra fértil para la reproducción violencia hacia mujeres trans, especialmente si estas son llevadas a centros penitenciarios masculinos. El crecimiento acelerado, hacinamiento crítico, violencia creciente, crisis en salud penitenciaria, problemas de alimentación, conflictos internos y el incumplimiento de estándares internacionales en los penales bolivianos impacta de manera negativa a la estancia de la población trans femenina.
Luna Sharlotte Humerez Aquino, activista de los derechos de las mujeres trans y presidenta de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (OTRAF), por medio de la siguiente entrevista nos cuenta, a partir de años de trabajo en el activismo, un poco de la realidad que vive esta población.
Desde su experiencia como defensora de derechos humanos, ¿cómo describiría la situación actual de las mujeres trans privadas de libertad en Bolivia?
Existe un problema muy grande en relación con las mujeres trans privadas de libertad. Aunque la Ley 807 de Identidad de Género contempla a personas transexuales y transgénero —tanto aquellas que han realizado la reasignación sexual como las que no lo han hecho por motivos médicos, económicos o sociales—, en la práctica surgen dificultades al momento de su ingreso a un centro penitenciario. No saben dónde derivarlas, porque puede tratarse de una persona que mantiene genitales masculinos, pero que legalmente tiene identidad femenina en sus documentos. De acuerdo con su identidad, deberían estar en el recinto que corresponda, femenino o masculino, pero esto no siempre se respeta. Muchas mujeres trans se encuentran en procesos hormonales que feminizan su cuerpo, lo que complejiza aún más la situación. Se necesitan políticas públicas específicas para la población trans en centros penitenciarios. Existen lineamientos generales para la población LGBTI, pero no medidas concretas para mujeres trans en particular.
¿Puede mencionar algún caso que refleje estas falencias estructurales?
Se presentó el caso de una compañera que ya contaba con el cambio de identidad. Sin embargo, cuando fue arrestada la llevaron inicialmente a celdas masculinas y posteriormente al penal de San Pedro. Actualmente permanece allí en condición de aislamiento respecto al resto de la población penitenciaria. Ese aislamiento genera una vulnerabilidad psicológica importante, ya que estar separada del resto afecta la salud mental de la persona.
¿Qué ocurre en los primeros días cuando una mujer trans ingresa a un centro penitenciario?
En los primeros días se realiza una revisión para verificar si la persona ha realizado o no la reasignación sexual. En función de ello, determinan el trato que recibirá. No siempre se respeta la Ley 807, que reconoce el cambio de nombre y la identidad de género. Desde el inicio existe una situación de vulnerabilidad en el ejercicio de derechos dentro del recinto.
¿Qué brechas existen entre la normativa y la realidad penitenciaria?
La diferencia es marcada. Aunque la Ley 807 rige en todo el territorio nacional, en los recintos penitenciarios no siempre se aplica. Las cárceles funcionan con dinámicas propias, donde la normativa muchas veces no se cumple plenamente.
¿Cuáles son las principales formas de discriminación que enfrentan?
La primera es el aislamiento. También existe discriminación y abandono, tanto de la sociedad como de sus propias familias. En una sociedad conservadora, ser trans ya implica dificultades; estar privada de libertad agrava esa situación. Se produce una doble estigmatización: por ser trans y por estar en conflicto con la ley.
¿Qué tipo de violencia se presenta con mayor frecuencia?
La violencia psicológica es la más frecuente. Se manifiesta en miradas, agresiones verbales y hostigamiento constante. También existe violencia física, cuando golpean o agreden a personas por ser trans.
¿Cómo influyen los prejuicios del personal penitenciario?
No existen suficientes garantías dentro de los centros penitenciarios. Es muy complicado que las mujeres trans cuenten con protección adecuada. En algunos recintos, la organización interna depende en gran parte de los propios privados de libertad, lo que dificulta aún más la garantía de derechos.
¿Existen garantías en el acceso a salud?
Dentro de la cárcel no existen garantías suficientes. Si ya es difícil acceder a servicios de salud en la sociedad en general, dentro del sistema penitenciario es aún más complicado.
¿Qué cambios en el sistema penitenciario deberían implementarse?
El Estado tiene responsabilidad porque somos ciudadanas bolivianas y nuestros derechos deben ser garantizados. Se requieren políticas específicas para la población trans en el sistema penitenciario, aplicación efectiva de la normativa vigente y medidas que aseguren condiciones dignas y respetuosas.
¿Por qué es importante que esta problemática forme parte del debate público?
Es importante que la sociedad comprenda que estas personas existen y que no deben ser olvidadas. La privación de libertad no implica pérdida de derechos. Se debe garantizar el respeto y la dignidad de todas las personas.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de su autora u autor y no reflejan necesariamente la posición institucional de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, ni de la DW Akademie.
Este contenido fue elaborado en el marco del proceso de capacitación y mentoría “Narrativas Diversas 2.0”, orientado a promover la igualdad de género y la inclusión a través del periodismo constructivo, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en articulación con la DW Akademie y en el contexto del proyecto ProIgualdad.
